En el marco de su comparecencia en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que integran la plataforma Justicia y Verdad, abordaron entre sus recomendaciones la solicitud a este órgano de monitorear el proceso de diálogo iniciado formalmente este jueves en el país.
El abogado y defensor de derechos humanos, Faisal Yamil Meneses, indicó que las organizaciones observan «con cautela» la instalación de «la comisión mixta anunciada por las autoridades interinas, la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de los Estados Unidos». «Lo recibimos con optimismo prudente, pero también con la claridad de que su valor dependerá de resultados concretos y verificables«, aseveró.
Recalcó que las realidades expuestas en la audiencia y contenidos en el informe Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho en Venezuela, cobran especial pertinencia en estos momentos que vive el país. «Estos indicadores y recomendaciones es, precisamente, lo que esta Comisión Interamericana y el resto de los actores internacionales puede exigir, corroborar y velar por su cumplimiento, desde el rol que pueden jugar en comunicación con todos los factores políticos que inciden en la conducción de Venezuela, tanto a nivel nacional como internacional.
En ese sentido, Meneses solicitó formalmente a la CIDH «dar seguimiento con cautela al proceso encabezado por la comisión mixta e incorporar su desarrollo en su monitoreo».
Recomendaciones y exigencias fundamentales
Desde el monitoreo expuesto por la organizaciones en la audiencia pública, abarcando cuatro pilares fundamentales, el abogado expuso que se derivaron diez recomendaciones a la Comisión Interamericana, de las cuales priorizaron tres.
La primera medida solicitada es «liberación plena e incondicional» de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. «Los hallazgos ya presentados en esta audiencia confirman que la deuda permanece activa a pesar de la ley de amnistía», refirió.
En segundo lugar, exigieron la derogación, reforma o anulación del marco normativo «que asfixia el espacio cívico». El defensor señaló que han documentado al menos 38 instrumentos legales usados desde 2002 «para criminalizar y perseguir a la disidencia y concentrar el poder».
Además, como tercer punto, manifestaron la urgencia de una «apertura real» a los mecanismos internacionales de protección. «Exigimos que el Estado extienda invitaciones formales a esta Comisión para una visita in loco plena, que además abra la puerta para sucesivas visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas pendientes, y a la Misión de Determinación de los Hechos», planteó.
Notiespartano.com/ElImpulso
