La reconstrucción nacional exige decisiones valientes y fundamentadas. Ningún proceso de transición democrática será viable si no se establece una remuneración justa, ya que el manejo erróneo de las finanzas públicas durante las últimas décadas ha desnaturalizado el rol de la fuerza laboral, sometiéndola a la precariedad y a la pérdida acelerada de su calidad de vida.
Es imperativo rescatar el estricto cumplimiento de los artículos 87 y 89 de la Constitución, los cuales establecen el trabajo como un hecho social protegido y garantizan el derecho a una existencia digna. Todo ciudadano merece un ingreso mínimo vital, ajustado anualmente a la canasta básica, junto con prestaciones que lo respalden.
Sin embargo, tras 26 años de políticas que eliminaron convenciones colectivas y debilitaron a los sindicatos, hoy vemos familias destruidas, enfermas y carentes de esperanza. Para superar esta crisis económica, la planificación del país debe colocar la recuperación del poder adquisitivo como base fundamental; solo así se podrá estimular el consumo, reactivar la economía y devolver la dignidad a nuestra gente.
Hoy, más que nunca, debemos reconocer una verdad dolorosa: “Nuestros trabajadores están sin un salario digno, sin alimentos, enfermos y sin protección social”.
Prof.MorelRodríguezA.
