La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para las elecciones en Venezuela del próximo 28 de julio tras los choques con Caracas, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) retirara la invitación a la UE para hacer el despliegue.
Varias fuentes diplomáticas confirman a Europa Press que el envío de observadores para seguir el proceso electoral es en este punto «bastante improbable», aunque todavía no hay una decisión final, que está en manos del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en base a los informes preliminares de una misión exploratoria que visitó Venezuela en el mes de abril para preparar el terreno.
«Al 99% seguro que no habrá misión de la UE», señala otra fuente. En Bruselas la maniobra de Caracas se percibe como un gesto hostil a la presencia de la UE en el país y creen que revocar la invitación equivale a cancelar la misión.
La iniciativa estaba siendo ultimada y quedaba pendiente del acuerdo administrativo con las autoridades del país caribeño. En la capital comunitaria leen este paso como una «previsible» maniobra de Caracas frente a las encuestas negativas para las aspiraciones de Nicolás Maduro de seguir en el poder.
Aparte de la UE, Estados Unidos ha pedido a las autoridades venezolanas que permitan la misión de observación electoral europea al entender que esta acción va en contra de los compromisos asumidos en Barbados para apoyar la integridad del proceso electoral. Washington expresó su «profunda preocupación» por la decisión de retirar el ofrecimiento y pidió a Caracas revertir el anuncio.
El CNE anunció la retirada de la invitación a la UE para observar las elecciones presidenciales alegando la imposición de sanciones «unilaterales» contra el pueblo venezolano, una acusación a la que un portavoz del bloque contestó que las medidas restrictivas europeas «no afectan al pueblo venezolano», «ni a la economía venezolana, incluidos los servicios y bienes públicos».
Todo después de que la UE diera el paso hace dos semanas de retirar temporalmente una serie de sanciones a dirigentes en Venezuela en el marco de los esfuerzos para contar con unas elecciones presidenciales «inclusivas y competidas». Concretamente quitó de su ‘lista negra’ al presidente del CNE, Elvis Amoroso, y a otros tres miembros del organismo.
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