Los policías metropolitanos (PM), Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, fueron excarcelados la noche de este martes tras pasar más de dos décadas privados de libertad. La información fue confirmada y difundida por diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, entre ellas Realidad Helicoide y el Foro Penal.
Los tres agentes eran los últimos uniformados de la extinta institución policial que permanecían tras las rejas por los sucesos de Puente Llaguno, ocurridos durante los hechos políticos y civiles de abril de 2002. En su momento, fueron condenados a cumplir una pena máxima de 30 años de prisión.
Tanto activistas de derechos humanos como diversas organizaciones políticas reaccionaron de inmediato a la medida.
El Foro Penal recordó que los exefectivos estaban tras las rejas desde el 19 de abril de 2003, enfatizando que «nunca debieron estar privados de libertad».
Por su parte, la organización Realidad Helicoide celebró la liberación, pero advirtió a través de sus plataformas digitales que la cifra general de presos políticos en el país aún se mantiene en niveles críticos, superando las 500 personas.
Criterios humanitarios
Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de 300 personas privadas de libertad bajo el argumento de «criterios humanitarios«. El proceso administrativo, que inició formalmente a principios de esta semana y está previsto que culmine este viernes, contempla el otorgamiento de beneficios especiales de reclusión debido a condiciones de salud y vulnerabilidad de los detenidos.
De acuerdo con el reporte oficial, las medidas alcanzan a menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con patologías médicas crónicas.
Entre los casos más emblemáticos mencionados por el parlamentario destacan los exfuncionarios de la Policía Metropolitana detenidos tras los sucesos de abril de 2002, la adolescente Samantha Hernández (16 años) y Mary Perfecta Torres, vinculada previamente a investigaciones por presuntos planes de conspiración en Caracas.
Rodríguez aseguró que esta acción responde a una política de revisión de expedientes coordinada por el sistema de justicia venezolano, mediante la cual se evalúa la situación particular de la población reclusa.
