En un movimiento estratégico destinado a reformular la planificación macroeconómica de Venezuela, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y la Universidad de Margarita (Unimar) suscribieron un Convenio de Cooperación Institucional.
El instrumento jurídico busca unificar voluntades académicas y gremiales para formar técnicos especializados en la formulación de proyectos y la resolución alternativa de conflictos, sirviendo como punta de lanza para reactivar el proceso de regionalización del país.
Desde la entidad insular, la dirigencia de Consecomercio enfatizó que el desarrollo nacional no puede seguir centralizado en Caracas. El gremio instó al Estado a devolver la administración de puertos, aeropuertos y peajes a los liderazgos regionales, además de exigir una reforma integral a la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales y la Ley de Armonización Tributaria. Argumentan que las leyes deben adaptarse a las potencialidades reales de comercialización de bienes y turismo que posee el portafolio de las tres islas de Nueva Esparta (Margarita, Coche y Cubagua), permitiendo que cada región genere riqueza y empleo según sus características particulares.
Una emergencia eléctrica mal abordada
Durante el encuentro, el sector empresarial fijó una posición contundente respecto al colapso del sistema eléctrico que golpea severamente a los ciudadanos, comercios y complejos hoteleros del país. Voceros de la organización denunciaron que la administración pública está abordando el colapso eléctrico «como una urgencia temporal y no como una emergencia real», limitándose a pedir paciencia a la población bajo promesas de mejoras progresivas para el mes de diciembre.
Frente a la parálisis operativa, Consecomercio propuso ejecutar medidas logísticas tempranas de alto impacto mientras se completan las complejas reparaciones en las plantas termoeléctricas. La solución planteada consiste en establecer convenios internacionales inmediatos para alquilar e incorporar gabarras o barcos generadores de electricidad en tres ejes neurálgicos del territorio nacional: occidente, centro y oriente.
De acuerdo con el gremio, esta medida técnica de emergencia permitiría inyectar entre 1.000 y 1.500 megavatios directos al sistema, mitigando el severo impacto económico y social en la región insular mientras transcurren los prolongados tiempos técnicos de procura del Estado.
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