La aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional en la Asamblea Nacional, establece un nuevo marco jurídico orientado a transformar el esquema operativo del sector eléctrico en el país, superando el modelo centralizado implementado a partir de 2007 y consolidado con la creación de Corpoelec en 2010.
El instrumento legal introduce mecanismos de participación para empresas nacionales y extranjeras mediante alianzas público-privadas, concesiones, habilitaciones y autorizaciones de autogeneración. Estas medidas buscan incorporar tecnologías, recursos financieros y capacidad técnica para solventar las deficiencias operativas del sistema.
Creación de la Superintendencia Nacional de Energía Eléctrica
Uno de los ejes fundamentales de la ley es la creación de la Superintendencia Nacional de Energía Eléctrica, concebida como un organismo técnico y de carácter científico encargado de fiscalizar a los operadores públicos y privados. Este ente tendrá competencias en materia de regulación tarifaria y en el otorgamiento de concesiones para las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Respecto al esquema tarifario, la normativa estipula criterios de costos eficientes diferenciados entre sectores residenciales e industriales, contemplando además esquemas de subsidios directos para sectores vulnerables.
Autogeneración y gestión municipal
La ley faculta a los gobiernos municipales, como el caso del municipio Maneiro, a desarrollar esquemas de gestión propia para la generación de energía —mediante fuentes limpias como energía fotovoltaica y eólica— destinada al alumbrado público inteligente y al suministro de excedentes al mercado secundario o a sectores prioritarios, acompañados de incentivos fiscales.
Especialistas e impulsores del proyecto legal coinciden en que la normativa configura el marco regulatorio indispensable para iniciar la recuperación estructural del servicio eléctrico a mediano y largo plazo.
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