La tragedia venezolana ha sido un tema recurrente en la agenda internacional. Hemos tenido momentos de alto interés y actividad de la comunidad de naciones y sus organismos, buscando la restitución del estado de derecho en Venezuela, promoviendo el dialogo entre los diversos sectores políticos y sociales; así como etapas de alta tensión por la ruptura de relaciones diplomáticas con diversos países, y por las sanciones que importantes personajes de la cúpula gobernante han recibido, además de las aplicadas al estado como resultado de la deriva autoritaria por la que se deslizó el régimen encabezado por Nicolás Maduro.
La conducta tozuda, inflexible e irreverente del ocupante de Miraflores, su reiterada ambición de perpetuarse en el poder ha impedido una rectificación. Las consecuencias de dicho comportamiento han significado un incremento de la pobreza y de las calamidades de nuestros ciudadanos, la continuación del proceso migratorio y de la violación de los derechos humanos.
Ese comportamiento antidemocrático, los cambios de gobierno en nuestro continente, la explosión de la guerra en Ucrania, y el surgimiento de la pandemia del corona virus, hicieron que nuestra situación pasara a un segundo plano en la agenda internacional. El caso Venezuela se relativizó, las iniciativas implementadas no produjeron los frutos deseados, la alternativa de cambio perdió impulso por graves errores estratégicos de los actores internos y externos. Se hizo presente un agotamiento, un cansancio o un hastío con nuestra tragedia.
En tanto esa realidad se hacia presente en la agenda internacional, en el plano interno la dictadura ha continuado en la misma dirección de soberbia y desprecio para todos quienes no compartimos su presencia en el poder. Con el control absoluto de todo el poder ha sembrado el mito de su invencibilidad. No obstante, su propia naturaleza autoritaria les ha producido el mas brutal fracaso en la gestión de los asuntos públicos, sobre todo en el manejo de la economía. El cáncer de la corrupción avanzó de tal forma que la gobernabilidad lograda con el modelo hegemónico y autoritario se viene tambaleando de forma peligrosa. Por las razones que fueren, a Maduro no le tocó otro camino que reconocer ante el país y el mundo la existencia de la trama de corrupción, que venía apropiándose de forma directa de la renta petrolera.
En efecto, la incapacidad para responder a la explosión social presente en las calles exigiendo salarios y servicios, las graves presiones existentes en el seno del gobierno y de su partido, lo llevó a sancionar a una parte de los agentes de la corrupción para rescatar dinero y justificar la ausencia de respuesta a las exigencias de la sociedad.
Todo ese cuadro ha llevado al presidente Gustavo Petro a adelantar una serie de gestiones, casi como su enviado especial o canciller, para tratar de ayudar a Maduro a salir del atolladero. Los une su militancia en ese variopinto mundo de la izquierda latinoamericana, desde donde busca lanzarle un salvavidas para lavarle la cara manchada fruto de nuestra tragedia. Pero también lo mueve el efecto de la diáspora venezolana en su territorio y su interés en conseguir la ayuda de Maduro para lograr el acuerdo con el Ejercito de Liberación de Colombia (ELN).
Petro le solicita a Maduro regresar al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es decir acatar el Pacto de San José. Al formularle esa solicitud está admitiendo la grave violación de los mismos. Si esa solicitud fuese aceptada por Caracas buena parte de los temas de nuestras exigencias como demócratas se verían atendidos.
Maduro se ha hecho el desentendido con la petición de Petro respecto a su regreso al sistema interamericano, poniendo como excusa el tema de las sanciones de Estados Unidos. El inquilino del Palacio de Nariño ha gestionado con el presidente Biden atención especial a dicha petición, hasta el punto de lograr una reunión en Washington el pasado jueves 20 de abril para platear la solicitud, y ha convocado una cumbre sobre Venezuela este martes 25 de abril de 2023, para restablecer un dialogo con un importante sector de la oposición venezolana.
No soy optimista respecto de los resultados a lograrse en esa cumbre. La misma no puede volver a repetir el esquema de la reunión celebrada en México donde la delegación opositora firmó un acuerdo para liberar 3.000 millones de dólares (mucho menos de lo robado en la trama de corrupción de PDVSA) congelados en una cuenta del gobierno en Estados Unidos, sin recibir como contraprestación ninguna concesión de parte del régimen madurista.
Como venezolano me agradaría que en esa cumbre de Bogotá se lograse de inmediato la liberación de los presos políticos y un compromiso de la cúpula roja de respetar y oír a toda la sociedad democrática, no solo a la Plataforma Unitaria. Esa sería una señal clara de querer rectificar por parte de la camarilla roja.
Si la cumbre de Bogotá se convierte en otra de las tantas reuniones donde dicha camarilla participa para ganar tiempo y burlarse de nuestra sociedad y de los países amigos, habrá quedada ratificada su naturaleza autoritaria, irrespetuosa y falaz.
Hago votos porque los actores políticos presentes en dicha cumbre sean claros y precisos, ante los gobiernos presentes, respecto de nuestras prioridades. Casi que se reducen a dos: liberar los presos políticos y garantizar plenamente nuestros derechos políticos, básicamente el derecho a elegir y ser elegido en unos comicios con los estándares internacionales.
La libertad a los presos políticos debe ser inmediata. Debe ser la señal de Maduro de que esta vez podemos abrir un compás de credibilidad en su palabra, de qué será serio en el cumplimiento de los acuerdos.
Los derechos políticos son el eje transversal de la negociación de fondo. No se trata de suscribir una declaración genérica y retórica. Se trata de acordar en forma precisa y cronológica las tareas a cumplir para llevar adelante el próximo proceso electoral previsto en la agenda constitucional, que no es otro que la elección presidencial.
En ese marco debe exigírsele a Maduro a través de Petro, el respeto al derecho de la oposición democrática a celebrar sus elecciones primarias y el deber constitucional que tienen de respetar y cooperar con su celebración. Rechazar, allí en esa reunión, la pretensión del CNE de apoderarse del proceso exigiéndole al régimen poner de lado su comportamiento intrigante y manipulador.
Por supuesto acordar con precisión los mecanismos para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos, residan o no en el territorio de la República, así como la pulcritud del proceso y el pleno respeto al derecho a la acción política y electoral, dejando de lado la censura y el hostigamiento a los dirigentes opositores.
Esta semana tendremos nuevamente el tema del diálogo en la mesa. De nuevo, gracias a las gestiones de Petro, el caso Venezuela aparece en la agenda internacional. Me temo que Maduro terminará burlando nuevamente esta iniciativa. Ojalá y sea yo el equivocado.
Entre tanto nos toca a nosotros, a los ciudadanos venezolanos, sacar fuerza de nuestras entrañas para continuar la lucha, construir la alternativa democrática, y estar preparados para platearle la batalla a la dictadura en el único terreno donde nos podemos medianamente desenvolver, en el político y electoral.
Pensar en la abstención y en una “solución de fuerza” es seguir pastoreando nubes.
CésarPérezVivas
