Transparencia Venezuela asegura que la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son «cómplices» en la opacidad administrativa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a propósito de la trama que envolvió a la compañía petrolera y que arrojó detenciones por hechos de corrupción.
«Un principio básico para que se combata la corrupción es que se impongan principios de transparencia como la publicación de los informes de gestión y tenemos tiempo sin escuchar que el contralor general de la Republica (Elvis Amoroso) diga algo sobre la falta de transparencia de Pdvsa, sobre la gestión, sus informes financieros o cuánto dinero está transfiriendo para el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) o al Banco Central de Venezuela (BCV)”, asevera la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, citada por el portal Albertonews.
La activista señala que «desde 2003 se empezaron a tomar decisiones que destruyeron la institucionalidad transparente de Pdvsa y la que más o menos tenía la industria antes de ese año si se comparada con la que hoy no existe».
Reitera que la industria, la Contraloría y el TSJ «han sido cómplices» de la opacidad en la estatal, porque «no dan información y no dan respuesta sobre lo que ha pasado» en la institución petrolera.
En Transparencia Venezuela, añade De Freitas, tienen la hipótesis sobre la decisión (por parte del Gobierno) de hacer público el caso de facturas incobrables por 3.000 millones de dólares en las cuentas de la compañía, porque 74% de los ingresos previstos en el presupuesto se contemplaba que provinieran de la exportación de crudo y combustibles.
Ley Antibloqueo
Por otra parte, exhorta a derogar la Ley Antibloqueo o los artículos de este instrumento legal que consagran la falta de transparencia con disposiciones como la confidencialidad y derecho de reserva de información de contratos públicos.
Aunque De Freitas aclara que antes de la aprobación de esa ley, en Pdvsa se realizaban negociaciones con privados, «con opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y sin rendición de cuentas».
Previamente, la Contraloría anunció la evaluación de mecanismos junto con la industria petrolera, para «proteger el patrimonio del Estado».
Notiespartano/VersiónFinal
