Históricamente, el progreso de nuestro país se cimentó en el diálogo constructivo entre el Estado, los sindicatos y el sector empresarial. Siguiendo los principios de la O.I.T. y el Artículo noventa y uno de nuestra Constitución, el objetivo siempre fue garantizar un salario digno que cubriera las necesidades básicas, materiales e intelectuales de la familia venezolana.
Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos de un debilitamiento de estas garantías. Decisiones como el Decreto dos mil setecientos noventa y dos, del año dos mil dieciocho, impactaron profundamente la estructura salarial, eliminando primas por antigüedad, profesionalización y beneficios de salud. Esta situación ha generado una realidad dolorosa: la desarticulación familiar por la migración forzada y la pérdida de estabilidad en el acceso a la vivienda y la vejez.
Venezuela posee importantes recursos que deben ser distribuidos con justicia social, enfocándonos en rescatar a nuestra clase trabajadora de la pobreza crítica. En tal sentido, es imperativo iniciar la renovación de los contratos colectivos con todos los gremios del país. Esta es la vía institucional para lograr un mejoramiento real en la calidad de vida y detener la emigración de nuestros talentos, construyendo así un país próspero donde los recursos de la nación sean administrados con absoluta transparencia.
Nuestra premisa es clara: sin ingresos suficientes no hay consumo, y sin consumo no hay crecimiento económico. Por ello, en este proceso de transición, la prioridad debe ser la dignificación del esfuerzo productivo.
Mi gestión siempre se ha caracterizado por el respeto a los acuerdos laborales. Hemos avanzado honrando prestaciones sociales y reclasificando al personal, demostrando que con voluntad y lealtad es posible recuperar el bienestar perdido. Sigamos adelante con la esperanza de que, juntos, devolveremos a nuestra gente la prosperidad que merece.
ProfesorMorelRodríguezÁvila
