La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves 19 de noviembre la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, con la que se establece un marco para incorporar empresas privadas a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
La firma del instrumento legal se realizó durante la Expo Venezuela Energética. Rodríguez señaló que la modificación busca ampliar la capacidad de generación del país y mejorar el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante la participación de nuevos operadores.
«Va a permitir la participación, la intervención del sector privado, nacional e internacional, en los procesos de generación de electricidad para mejorar el Servicio Eléctrico Nacional», expresó.
La mandataria encargada indicó que el país necesita incrementar su disponibilidad de energía para responder al crecimiento de la demanda, asociado tanto a las condiciones climáticas como a la recuperación de la actividad económica.
También reconoció el trabajo del Ministerio de Energía Eléctrica y de los trabajadores de Corpoelec en la incorporación de nueva capacidad de generación, al tiempo que destacó la importancia de garantizar un suministro estable para las actividades productivas.
Empresas privadas podrán participar en el sector eléctrico
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, explicó que uno de los principales cambios de la reforma es la apertura a la participación privada en las distintas etapas del sistema eléctrico, desde la generación hasta la comercialización.
La legislación también contempla la creación de la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica, que tendrá atribuciones de regulación, inspección y supervisión sobre los prestadores públicos y privados.
Alcalá destacó, además, la incorporación de un capítulo dedicado al sector de hidrocarburos, que promueve la autogeneración eléctrica para las actividades de esa industria. La medida busca reducir la demanda sobre la red nacional y mejorar la continuidad del suministro requerido por las operaciones petroleras.
El ministro agregó que la normativa establece incentivos fiscales para estimular la inversión privada y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de generación.
Asamblea Nacional aprobó la reforma el 10 de noviembre
La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad y en segunda discusión la reforma parcial el pasado 10 de noviembre. La propuesta había sido aprobada en primera discusión el 2 de junio y posteriormente pasó por un proceso de consultas con trabajadores del sector, prestadores del servicio y usuarios.
Durante el debate parlamentario, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó que las modificaciones permitirán a empresas privadas desarrollar proyectos de autogeneración y suministrar electricidad a industrias, comercios y centros comerciales, bajo las condiciones y tarifas establecidas en la normativa.
Rodríguez sostuvo que la incorporación de nuevos operadores busca ampliar la oferta energética, especialmente para atender a los grandes consumidores. También afirmó que la reforma no supone la privatización del sistema eléctrico, debido a que el Estado mantendrá la responsabilidad de garantizar el servicio.
Según lo expuesto durante la discusión legislativa, las empresas podrán instalar plantas de generación, producir electricidad para sus propias operaciones y, bajo las condiciones previstas en la ley, importar energía desde países vecinos para su comercialización.
Tarifas, subsidios y obligaciones de los operadores
Entre los aspectos contemplados en la reforma figura un esquema de tarifas indexadas a monedas de mayor valor, acompañado de subsidios para los usuarios residenciales que no dispongan de ingresos suficientes para cubrir el costo total del servicio.
El desarrollo de estos mecanismos quedará sujeto a la reglamentación de la ley, que deberá establecer las condiciones de pago y las tarifas diferenciadas para consumidores residenciales, comerciales e industriales.
La normativa también incorpora un régimen sancionatorio para los operadores que incumplan sus obligaciones, afecten la distribución o presenten ofertas engañosas. Asimismo, establece mecanismos de fiscalización y garantías para los inversionistas privados interesados en desarrollar proyectos eléctricos.
Otro de sus componentes contempla incentivos para la generación mediante fuentes renovables, entre ellas la energía solar y eólica, además de disposiciones relacionadas con el uso eficiente de la electricidad.
La reforma incluye obligaciones sobre continuidad del suministro, facturación y atención de los usuarios, así como responsabilidades por daños a equipos eléctricos cuando las fallas sean atribuibles a las empresas prestadoras.
Con la promulgación del instrumento legal, el Ejecutivo formaliza los cambios aprobados por el Parlamento. Su aplicación dependerá también de la elaboración de los reglamentos y de los mecanismos institucionales necesarios para desarrollar las nuevas modalidades de participación en el sector.
Notiespartano.com/Sumarium


