Periodistas españoles pidieron este lunes la puesta en libertad y un juicio justo para el español Pablo González, informador ‘freelance’ detenido en Polonia y en prisión provisional allí desde hace casi dos años, acusado de espionaje cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos a Polonia, tras la invasión rusa.
«Pedimos su inmediata puesta en libertad y que se respete su presunción de inocencia», así como «un proceso judical con todas las garantía», afirmó un portavoz del Sindicato de Periodistas de Madrid, durante una rueda de prensa, junto al Grupo de Apoyo a Pablo González.
Además, piden la intervención de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores para que «esta situación se resuelva de manera urgente».
Motivos
El periodista, de origen ruso, fue detenido el 28 de febrero de 2022 a pocos kilómetros de la frontera polaca con Ucrania, acusado por la Agencia Polaca de Seguridad Interior de usar su profesión para encubrir actividades para la inteligencia militar rusa (GRU), acusación por la que puede ser condenado a hasta diez años de cárcel.
González, que tiene la nacionalidad española y la rusa, nació en Rusia y vino a vivir a España con su familia a los nueve años.
«Pablo González se encuentra en la cárcel de Radom, en un régimen de semi-aislamiento: 23 horas al día encerrado en una celda de cinco metros cuadrados sin luz natural y con apenas una hora de paseo en un patio diminuto», denunció la portavoz del grupo de apoyo en Madrid, Cristina Ridruejo.
«Si ya a esa prisión se le denomina el Guantánamo europeo, Pablo González se halla en una cárcel dentro de esa cárcel», afirma el comunicado que leyó Ridruejo junto al también periodista Javier Sáenz.
Inconformidades
Durante estos dos años, solo pudo recibir dos visitas de su esposa, la última, acompañada de su hijo mayor, no tiene permiso para hablar con sus hijos, y su familia solo sabe de él a través de su abogado, Gonzalo Boye. «Es todo tortura psicológica», denuncian.
Desde este grupo, recuerdan que Polonia, como miembro de la Unión Europea, debe cumplir sus normas. «En el caso de Pablo, Polonia viola todas las convenciones internacionales y las resoluciones europeas sobre garantías procesales y sobre Derechos Humanos», insisten.
No obstante, respecto al cambio de gobierno reciente en Polonia, tras la derrota del ultraderechista Partido Ley y Justicia (PiS) y la llegada al poder del primer ministro, Donald Tusk (Plataforma Cívica), «tenemos algo de esperanza», «aunque hasta el momento no ha habido ningún cambio», afirmó Ridruejo.
Además, piden una actuación más contundente de la UE, ya que, según denuncian, pese a las gestiones de eurodiputados o la recomendación del comisario de Justicia, Didier Reynders, que recordó que una decisión del Consejo permite que, dentro de la UE un sospechoso sea objeto de «medidas de vigilancia» en su país de origen hasta que el juicio tenga lugar en otro país, Bruselas nunca ha requerido formalmente a Polonia que respete las garantías procesales y los derechos humanos en el caso de González.
También denuncian «la inexplicable inacción del Gobierno español», con especial referencia al ministro de Asuntos Exteriores, Don José Manuel Albares, quien, según este grupo, «ha reiterado que se están respetando todos los derechos de Pablo González, que la justicia de Polonia aplica sus leyes y sus protocolos de forma adecuada y que el reo está atendido perfectamente por el cónsul en Varsovia», algo que consideran que no es cierto.
Notiespartano/EFE
