Se acabó el silencio. Ya no hay miedo. Así lo expresan familiares de 23 hombres que fueron privados de libertad en la isla de Margarita, en diciembre del año 2022, y hasta la fecha no logran una justicia real, pues aseguran que no existe ni una sola prueba de su culpabilidad.
Se trata de un caso de detención por supuesto contrabando de combustible, que a la postre les ratifican, “fue una situación política relacionada con el conflicto con Guyana”. Todo inició con la detención de un barco con bandera de ese país, que luego supuestamente desapareció.
Esta la circunstancia, y con las pruebas que hasta el momento se presentaron, los familiares de las víctimas piden se revise el caso y se aplique la Ley de Amnistía, de hecho, se encuentran en gestión ante la Asamblea Nacional y fue parte de las peticiones recogidas en Nueva Esparta por el diputado Omar Veracierto, durante la etapa de consulta pública de la Ley.
Marisa Guevara, familiar, explica los hechos. “Un barco de bandera guyanesa con destino a Aruba navegaba accidentado, al acercarse hacia las costas de Margarita fue detenido, de noche, por un barco tipo dingui sin luces, en donde de las cinco personas que hicieron la operación, solo dos se identificaron como funcionarios del Sebin y PNB. Los tuvieron toda la noche dando vueltas, hasta que en la mañana los llevaron hasta Playa Valdez”.
Por el caso también hay 6 pescadores detenidos. Fanny Bermúdez esposa de uno de ellos detalla. “Mi esposo es docente, con 16 años de servicio, pero para nadie es secreto que ante la situación uno busca otras cosas, y como vivimos en una zona pesquera el salía con unos compañeros. Les llegó una embarcación tipo dingui con funcionarios armados, apuntándolos y conminándolos a acompañarlos porque serían testigos de un procedimiento. Los llevaron hacia donde tenían la embarcación guyanesa y quisieron montarlos en la embarcación para tomarles fotos, pero ellos se negaron. Fueron tantas irregularidades que se cometieron allí, hasta dijeron que mi esposo tenía un arma”.
También está detenido un funcionario de la policía Nacional Bolivariana. Wilmer Pino, jefe de los espacios acuáticos de ese momento. Lilian Rodríguez, esposa del inspector se expresa. “Tiene tres años y tres meses detenido por un delito que no cometió. El tenía 5 días en Caracas porque iba a recibir su jerarquía, y solamente por eso estamos en esta situación”.
Paralelo a esto, en Pdvsa de El Guamache se involucraba a un personal. Habla Milagros Moreno. “Ellos trabajaban por guardia. Ese día, viernes 16 de diciembre de 2022, les tocaba a las 7 de la noche por 24 horas y cumplieron su jornada normal. Al día siguiente, 17 de diciembre a las 5, 6 de la tarde, los llaman los jefes de la planta de distribución para una reunión. Al llegar les preguntan si vieron alguna irregularidad, y ellos dicen que no, incluso no entienden, poque la custodia del lugar está en manos de los cuerpos policiales. Aun así, les dicen que serán llevados a Porlamar porque deben dar declaraciones sobre un barco que estaba sustrayendo combustible, y cuando llegaron a la base de Sabanamar, ya había todo un despliegue policial. Desde ese momento quedaron privados de libertad”.
El 18 de diciembre fueron presentados con una defensa pública. “La abogada nos dijo que era un caso político, que tenían una orden directamente de Caracas para quedarse con la embarcación, por lo que les aconsejaba asumir los delitos. Los guyaneses aceptaron, pero la fiscalía no quedó conforme con la sentencia y apelaron. El caso pasa a una juez accidental y esta les señala que son inocentes, pero igual irán a juicio”, explica Guevara.
En efecto, continua, Moreno, “el juicio se gana porque en los informes de PDVSA no se registran pérdidas durante el día de la guardia, ni antes ni después. Toda la documentación de la embarcación estaba en regla, la factura de combustible que ellos habían comprado en Guyana, tanto es así que, cuando en el juicio quisieron hacer la reconstrucción de los hechos no pudieron mover la embarcación porque no tenía combustible, y se la habían llevado para Chacachacare, le habían reparado, le hicieron modificaciones, y al final la embarcación desapareció. Le cambiaron el nombre y le cambiaron la bandera”.
Dicen que hasta ahora todas las acciones las habían hecho en privado por temor. Tuvieron abogados públicos y privados. Se reunieron con la juez de circuito. Hablaron en la Fiscalía. Estuvieron en la inspectoría de los tribunales. En marzo 2024 el embajador de Guyana estuvo en Margarita, pero nunca le permitieron hablar a solas con sus connacionales, ni pudo reunirse con la juez de Circuito.
En el marco del actual manejo político para resarcir daños, los familiares piden revisar la situación desde los principios de la Ley de Amnistía ya que el hecho coincidió con la disputa con Guyana y el objetivo era la embarcación.
“Hemos vivido en un psicoterror, a veces no sabíamos ni el nombre de la jueza, todo lo que nos decían era no hablen, no digan nada a los medios, no nos podíamos ni reunir, nos decían que era una orden de arriba, de un político, por eso nunca salió en la prensa, pero siempre fue una incógnita saber quién fue”.
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