El pleno del Parlamento Europeo vota mañana las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública, marco que obligará a los países a retomar la disciplina fiscal para sanear sus cuentas pero también deja cierto espacio para invertir en las transiciones verde y digital y en defensa.
Los Gobiernos de la UE lograron pactar la reforma del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento en diciembre pasado, tras meses de ardua negociación, y en febrero alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la misma con la Eurocámara.
Las normas que mañana debe refrendar el Parlamento Europeo mantienen los límites a la deuda y déficit público previstos en los Tratados, del 60 % y 3 % del PIB, respectivamente, pero dejan más margen a los Estados para fijar sus propias sendas de ajuste en función de la situación nacional.
Así, cada Gobierno tendrá que remitir a la Comisión Europea un plan fiscal a cuatro años que asegure la reducción de la deuda y el déficit, aunque podrán ampliar este plazo a siete años si adoptan reformas que impulsen el crecimiento o prioridades como la transición verde, la digitalización y la defensa.
Sin embargo, las normas introducen también objetivos comunes de recorte como salvaguarda para garantizar que no se postergan los ajustes; algo que demandaron durante las negociaciones Alemania y otros socios.
De ese modo, los Estados con exceso de deuda tendrán que reducirla anualmente en un punto porcentual cuando esta rebase el 90 % del PIB y en medio punto si se sitúa entre el 60 % y el 90 %, mientras que aquellos con un déficit superior al 3 % tendrán que aplicar un recorte estructural anual mínimo del 0,5 % del PIB.
La Comisión Europea vigilará si los países cumplen la senda de ajuste y podrá expedientarles si no es el caso. La reforma reduce la cuantía de las sanciones, que será de un 0,05 % del PIB cada seis meses si no actúan para corregir sus desvíos, pero prevé una aplicación más automática de las mismas para evitar que se repita la situación del marco actual, cuyas multas son tan abultadas que en la práctica no han llegado a utilizarse.
Sin embargo, la reforma ha sido criticada por organizaciones sindicales y medioambientales, que consideran que constriñe demasiado a los Estados para invertir en objetivos climáticos y sociales y piden a la Eurocámara que se oponga.
«Estas reglas fiscales son cortas de miras e irresponsables», dijeron en un comunicado conjunto la Confederación Europea de Sindicatos, la Red de Acción Climática (CAN), la New Economics Foundation y la organización Social Platform.
Una vez sean validadas por la Eurocámara este martes, las nuevas reglas tendrán que recibir el visto bueno definitivo de los Estados miembros y entrarán en vigor inmediatamente después, despejando así el camino para su aplicación.
La Comisión Europea ya ha avanzado que propondrá en junio la apertura de expedientes sancionadores a aquellos países que cerraron 2023 con unos niveles de déficit y deuda superiores a los límites que recogen los Tratados.
Ajustes 2025
Esto les obligará a acometer una serie de ajustes para poner en orden sus cuentas y la primera ocasión será la elaboración de los presupuestos nacionales de 2025.
Bruselas y los países con expedientes abiertos mantendrán durante el verano conversaciones técnicas sobre la senda de ajuste que tendrán que cumplir en los próximos años y estas cristalizarán en una trayectoria fiscal de cuatro a siete ejercicios que los gobiernos remitirán al Ejecutivo comunitario en el mes de septiembre.
El 15 de octubre, los socios comunitarios tendrán que enviar sus borradores presupuestarios para 2025 y la Comisión Europea evaluará si éstos contemplan las correcciones de las finanzas públicas pactadas entre ambas partes, un ejercicio que se repetirá cada año hasta que el país en cuestión consiga embridar sus cuentas.
Notiespartano/EFE
