Panamá se encuentra sumergida en una crisis social y económica por la escalada de precios de los alimentos y el combustible. Grupos organizados y autoridades panameñas retomaron este jueves las negociaciones para poner fin a más de dos semanas de protestas y cierres de calles que ha provocado el desabastecimiento de mercancías, incluso en la capital.
El presidente Laurentino Cortizo anunció que el gobierno se sumaría a la mesa única de diálogo integrada por los movimientos que desarrollan las protestas, que tras varios días de reuniones consensuaron una agenda con la mediación de la iglesia católica, que contempla los puntos medulares que buscan negociar.
“Le pido a los panameños que nos pongamos de acuerdo, con un diálogo sincero, un diálogo respetuoso nosotros podemos llegar a soluciones viables”, dijo Cortizo, quien viajó acompañado por varios ministros a Penonomé, en el oeste del país, a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá, donde los movimientos organizados están reunidos desde inicios de semana.
En declaraciones, el secretario general del Sindicato de la Construcción, Saúl Méndez dijo que “la presencia de Cortizo y su gobierno es vital para dar respuestas concretas a las exigencias de la población que se ha visto en la necesidad de mantener las acciones en defensa al derecho de una vida digna, a salarios justos, comida, medicamentos y combustibles baratos”.
Las protestas iniciadas por el sector magisterial veragüense que atrajeron a distintos sectores de todo el país, se originaron por el aumento en el costo de la vida, pero a medida que pasaron los días los movimientos populares sumaron más exigencias.
La propuesta actual, además de pedir que se congelen los precios del combustible, la energía y los alimentos, sin afectar al productor nacional, incluye la problemática de la corrupción, una mayor transparencia y que se invierta el 6% del PIB en educación.
En días previos, el gobierno estableció un precio tope a una decena de productos alimenticios de consumo popular y congeló en 3,95 dólares el precio del galón de diésel y gasolina, que más tarde bajó hasta 3,25, el cual permanece vigente.
El gobierno también anunció una serie de medidas de austeridad para contener el gasto público, entre ellas reducir el 10% de la planilla estatal e iniciar un programa de retiro voluntario de servidores públicos, y quitar los viajes, salvo que se trate de una representación oficial del país, con todo eso no logró frenar las protestas que se intensificaron en los últimos días con afectaciones en el comercio, el abastecimiento de mercancías, y en general en todos los sectores.
Los principales gremios empresariales coincidieron en que una mesa única de diálogo debe ser la vía para llegar a acuerdos que atiendan las situaciones sociales y económicas del país.
“Es necesario que además de atender las exigencias del costo de la vida, también enfrentemos de una vez por todas los problemas estructurales del país”, según comunicado leído por la presidenta de la Cámara de Comercio, industrias y agricultura de Panamá, Marcela Galindo.
Después de dos años de pandemia, distintos sectores se quejaron del aumento del desempleo y cierre de empresas que no lograron sobrevivir a la cuarentena prolongada, y del incremento de la deuda pública y la corrupción, situaciones que exacerbaron a la población.
Bloqueo de calles
Panamá, que se encaminaba hacia la recuperación económica tras una caída de 17,9% en 2020 a raíz de la pandemia, enfrenta una de las peores protestas de las últimas décadas con cierres de calles que han desencadenado en el desabastecimiento de productos a nivel nacional.
Los bloqueos intermitentes en algunas zonas, y cierres más prolongados en la carretera Panamericana que conecta con el resto de Centroamérica, afectaron el tránsito, especialmente de productos agrícolas que dejaron de llegar a la capital, y a las principales ciudades.
Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá, dijo que las pérdidas causadas por los cierres en los primeros 15 días de protestas rondan los 500 millones de dólares para todo el sector productivo.
El miércoles, una caravana de vehículos que transportaban unas 50 mil toneladas de alimentos desde la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, permaneció casi mediodía varada, pese a las negociaciones que habían permitido el establecimiento de un corredor humanitario que facilitara el movimiento de la comida.
A la medianoche de este jueves todavía no arribaba al principal mercado de productos agrícolas que abastece la capital panameña, una situación que también incide en los precios.
A principios de semana ante las quejas, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que bloqueaban un tramo de la carretera en la provincia de Veraguas, para permitir el tránsito, después de varias horas los manifestantes que quemaron llantas retomaron el cierre.
“Estamos en la calle por la represión de la policía con nuestra gente en Veraguas, además es la única forma que el gobierno escucha, si abrimos la calle no van a negociar, estamos cansados», afirmó un estudiante universitario que participaba en las protestas en la capital.
El presidente Cortizo dijo que debido a los cierres de vías también se han perdido más de 140 mil citas médicas con mayor afectación en personas de escasos recursos.
“El vandalismo y acciones contrarias a las leyes van a ser sancionadas, este es un país de ley y orden, no se puede permitir el vandalismo”, agregó el mandatario.
Días antes, el director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, ya había advertido del peligro que los hospitales quedaran desabastecidos de insumos médicos y oxígeno. Lau calificó de “acto delincuencial” no permitir el paso de insumos y funcionarios de salud.
Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, que participa como facilitador del diálogo en la “mesa única”, manifestó que toda crisis es una oportunidad para avanzar.
“Todos formamos parte de un momento histórico que nos lleva a deponer intereses particulares para colocar al pueblo primero y dar paso a una transformación”, agregó el prelado católico.
Mientras tanto, la población sigue expectante a las negociaciones en la mesa única, ya que de estos acuerdos, depende la estabilidad del país que paradójicamente ha liderado en los últimos años el crecimiento económico de América Latina.
Los analistas temen que esta crisis haga retroceder la recuperación alcanzada a inicios de este 2022, y que esto amenace el grado de inversión, que había sido fortalecido con las ventajas competitivas del país para hacer negocios, entre ellas el Canal, el centro bancario y el hub aéreo que conecta con el mundo.
Notiespartano/VOA
