«Venezuela aún enfrenta una profunda crisis de derechos humanos. Reiteramos que a pesar de los llamados, las autoridades no responden a la Misión para investigar en terreno», alertaron este martes desde la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, acusando a la administración de Nicolás Maduro de cometer delitos de lesa humanidad.
Nuevamente desde la Misión identificaron a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalados por cometer actos de tortura y abuso sexual en contra de prisioneros.
Ante los hechos, la ONU concluyó que las torturas en la Dgcim y el Sebin no son actos aislados, sino parte de una «maquinaria» y «un plan de la administración de Nicolás Maduro para reprimir la disidencia», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón; y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.
Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.
Comunidad internacional
Hicieron un llamado a la comunidad internacional a seguir de cerca la situación de DDHH en Venezuela.
Patricia Tappatá, miembro de la misión, señaló que no han recibido respuesta a las 23 cartas que han enviado a las autoridades venezolanas.
La Misión fue creada en 2019 y se renovó en 2020 por dos años que culminan en septiembre. Durante estos tres años ha investigado las graves violaciones ocurridas en Venezuela, las cadenas de mando responsables de estos crímenes y el rol del sistema de justicia chavista para perpetuar la impunidad.
La Misión la integran los expertos: Marta Valiñas (presidenta, Portugal), Francisco Cox Vial (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina).
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— 800 Noticias (@800Noticias_) September 20, 2022
Notiespartano/800Noticias