Desde hace dos años, la administración de Nicolás Maduro comenzó a incrementar sostenidamente las tarifas de los servicios públicos, incluso en época de cuarentena por la COVID-19. Algunos de esos ajustes fueron publicados en Gaceta Oficial, pero la mayoría de los venezolanos se ha enterado cuando revisan sus pagos domiciliados en la banca o los recibos, que por cierto ya no llegan en físico y es complicado obtenerlos en forma digital.
Luego de años de mantener las tarifas fijas, las cuales quedaron rezagadas por los procesos de reconversión monetaria, comenzaron con los aumentos en el aseo urbano, en la electricidad y en la telefonía. Debido a la caída de los ingresos petroleros, las autoridades financieras optaron por reforzar la recaudación interna, y no solo a través de la creación de nuevos impuestos sino también con los servicios públicos.
En todo programa de ajuste macroeconómico, especialmente de los criticados planes planteados por el FMI, se suele recomendar un aumento de las tarifas de los servicios públicos para reforzar los ingresos internos del fisco. Pues bien, en Venezuela se ha ejecutado un incremento en el cobro de los servicios de agua, aseo urbano y electricidad sin anuncios oficiales a la población. El último de los ajustes tarifarios fue el del gas doméstico o residencial, cuyo monto mensual prácticamente había desaparecido debido a las reconversiones monetarias en el país.
Esta medida forma parte de un gran ajuste macroeconómico que aplica la administración de Maduro desde hace dos años, recomendado por sus asesores internos y externos. Analistas consultados afirman que hasta la fecha, solo ha logrado parar el proceso hiperinflacionario, pero que se mantienen otros grandes problemas en la economía que aún están lejos de resolver.
«El gobierno tuvo un colapso fiscal debido a una caída brutal de los ingresos del Estado por la crisis del sector petrolero. Mientras que la hiperinflación colapsó también los ingresos no petroleros. Por lo tanto, la única manera que tenía para garantizar una mínima sostenibilidad a las empresas de servicios y al no tener la capacidad de seguir subsidiándolas, resolvió aplicar el ajuste tarifario», señala Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.
Explica que los aumentos de las tarifas tienen mucho que ver con el colapso del Estado, con las consecuencias del manejo de la política económica y la hiperinflación. A su juicio, esta situación volvió al Estado un poco más conservador, fiscalmente hablando.
«De hecho, la mayoría de su financiamiento viene principalmente de los ingresos tributarios, porque los recursos no tributarios que aporta el petróleo, la chatarra, el oro, entre otros, son mucho más pequeños. El 70% de los ingresos viene por la vía del Seniat y el restante 30% por los otros ingresos», indica Oliveros.
El profesor del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración), José Manuel Puente resalta que el ajuste fiscal aplicado por la administración de Maduro resulta «brutalmente ortodoxo y contradictorio para una revolución socialista». Considera que todas las medidas económicas y tributarias, así como los ajustes tarifarios, no generan resultados sostenibles a largo plazo.
«El Fondo Monetario Internacional no haría un ajuste más ortodoxo que el gobierno. Recordemos que ha dolarizado la economía, ha limitado la ejecución presupuestaria, llevando un ajuste fiscal tremendo, aumentó los impuestos de manera importante y hay evidencia de que redujo su dependencia del Banco Central de Venezuela para financiar el gasto», explicó.
Sostiene que todas estas medidas, junto al anclaje del tipo de cambio, hacen que el régimen haya podido controlar la inflación. Sin embargo, considera que este anclaje está generando una apreciación de la tasa cambiaria, artificialmente muy baja, que es insostenible en el mediano y largo plazo.
Para el economista Leonardo Vera, la actual situación del país generada por una «apertura a los trancazos», con una dolarización no oficial sin ningún tipo de conducción, con unas políticas macroeconómicas contractivas y regresivas desde el punto de vista distributivo, así como una población sin sistemas de protección social, conduce a una «estabilización en el foso» en el contexto de una economía cada vez más desigual y sin perspectivas de mejorar la prestación de los servicios públicos y la protección social.
Señala que es prioritario un conjunto de políticas macroeconómicas dirigidas a promover la estabilidad macroeconómica (baja inflación y recuperación de la producción), minimizar la inseguridad económica de los grupos más vulnerables y mitigar el impacto de los choques internos y externos. «La política social no va detrás de las políticas macroeconómicas sino más bien a la vanguardia. Pero el mejor apoyo para el éxito de cualquier política social es un manejo macroeconómico responsable».
Considera, por ejemplo, que en un programa de estabilización, no son recomendables los ajustes de los servicios públicos. Sin embargo, justamente la administración de Maduro ha ejecutado este tipo de medidas, afectando cada vez más los ingresos de los venezolanos y sin poder contar con servicios de calidad.
«Aumentos de las tarifas por servicios públicos, en alícuotas de impuestos y otros quedan descartados durante la estabilización. Los aumentos en los ingresos fiscales ordinarios deben estar atados al comportamiento cíclico de la tributación petrolera y no petrolera. En una economía oficialmente bimonetaria se requiere introducir reformas tempranas que permitan restablecer la recaudación fiscal ordinaria, gravando las operaciones que se realizan internamente en moneda extranjera a la par de reducir la evasión fiscal por parte de la extendida economía informal», dijo Vera.
Los aumentos
En general, los proveedores de telefonía, internet, electricidad y aseo urbano han aumentado casi mensualmente sus tarifas; mientras que el último de los ajustes fue el del gas doméstico. Mientras que los precios del gas en bombonas también han tenido sus ajustes, afectando en gran medida a la población de menores ingresos.
La administración de Maduro ha dejado en manos de las gobernaciones y alcaldías el incremento del aseo urbano, el cual ha tenido «cientos» de ajustes desde 2020, según informan representantes de gremios empresariales. Este servicio se cobra en petros, una moneda virtual creada por Maduro y que se basa en las reservas de petróleo. Los comerciantes afirman que los ajustes llegan hasta 1.200% en estos dos años.
Las tarifas de la telefonía fija y celular no se han quedado atrás. La empresa estatal de telecomunicaciones Cantv ha aumentado los precios en 1.800%. Mientras que las tarifas de servicios de internet han sido aumentadas desde octubre de 2020 seis veces, de acuerdo a la publicación en Gaceta Oficial; es decir, un ajuste promedio de 2.500% en todos sus planes.
Con respecto al servicio de electricidad residencial y comercial, el tema es todo un misterio. Ni en la Gaceta Oficial ni en la página de Corpoelec se conoce de los ajustes. La última vez que publicaron oficialmente los nuevos precios fue en diciembre de 2016. Pero, se observa que las tarifas que cobra la empresa estatal han sido multiplicadas por seis.
La tarifa de gas doméstico es otro de los misterios en el país. Debido al bajo monto que se cobraba, la tarifa quedó con varios ceros a la izquierda con las reconversiones, lo que obligaba a los funcionarios de la empresa de cobro a decir a los clientes: «Vuelva después porque el monto aún no se refleja en el sistema». No obstante, recientemente circuló en redes sociales información del ajuste del servicio, lo que quedó evidenciado en las informaciones obtenidas para este reporte, de varias personas que cancelaron el gas doméstico por un monto equivalente a 10 dólares por lo que queda de año.
Mientras que los precios de las bombonas de gas que fijan las empresas distribuidoras adscritas a los gobiernos regionales establecieron aumentos de casi 1.000% en el año 2021.
Todos estos ajustes indican que si un hogar venezolano paga todos sus servicios públicos, debe destinar como mínimo unos 74 bolívares, lo que equivale a 14,50 dólares. O lo que es igual, el 57% del salario mínimo en bolívares (Bs. 130) y el 52% del salario mínimo (28$) medido en dólares.
Datos relevantes los ofrece el Banco Central de Venezuela (BCV), que en sus estadísticas sobre la inflación reportó un aumento de 22.045% en el grupo Servicios de vivienda, excepto teléfono en el año 2019 (período de hiperinflación), ocupando el primer lugar en el alza de los precios de los rubros que componen el índice. En 2020 y 2021 las variaciones fueron de 1.561% y 1.494%, respectivamente.
Los incrementos llegan. Mientras, hay fallas casi diarias de electricidad y racionamientos de agua en todo el país, debido a la falta de mantenimiento y desinversión. Venezuela, además, tiene uno de los más lentos servicios de internet en América Latina.
Según el último informe de percepción del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), 47,1% de los encuestados en 12 de las principales ciudades del país valoraron negativamente el servicio de electricidad. Siendo las urbes de Mérida (67,4%), Maracaibo (65,8%) y San Cristóbal (61,6%) mostraron el mayor porcentaje de valoración negativa debido a los constantes apagones.
Con relación al servicio de agua, el reporte destaca una valoración negativa del 65,6% de los consultados, al señalar que la disponibilidad es inconstante; mientras que para 42,4% el servicio de internet fijo es deficiente y, el 30% califica como negativo el servicio de aseo urbano.
Notiespartano/TalCual
