La Ley de protección de pensiones de seguridad social entrará en vigencia el próximo martes 4 de junio, fecha que marcará el inicio del cobro de la tasa asignada para el fondo de pensiones por parte del sector privado.
Bajo la alícuota de 9 %, las empresas privadas deberán adaptar sus finanzas «cayendo y corriendo» ante la aprobación de esta medida.
Se conoció que este pago se realizará a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y para ejecutarlo, las empresas deben pagar según el último dígito del RIF (Registro de Información Fiscal) de los contribuyentes, reseñó Efecto Cocuyo.
Si una empresa hace bonificaciones a sus trabajadores en una moneda diferente al bolívar deberá hacer la conversión a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para enterar el pago.
Al igual quedan obligadas a informar cada tres meses el número de personas que tienen en nómina y el Seniat tendrá la potestad de fiscalizarlas para corroborar esto y hacer que se cumpla la Ley.
Sobre esto, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) expresó que es necesaria una reconsideración a nivel fiscal para las compañías, las cuales, se enfrentan a un nuevo impuesto que compromete sus ingresos e incluso, su capacidad para generar empleo.
A través de un comunicado solicitaron exonerar a empresas de producción básica como alimentos, salud y educación.
“La aplicación de esta contribución agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos, entre ellos Igtf, IVA, Isrl, impuestos municipales, tasas aeroportuarias, entre otras que han sufrido incrementos considerables en los últimos meses”, expresaron en el texto.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) advirtió que esta legislación “tendrá un impacto importante en las finanzas de las empresas” y en la economía venezolana.
En una nota de prensa la institución aseguró que “esta contribución constituye una nueva carga que se suma a la larga lista de tributos y aportes que pagan las empresas formales”, y manifiestan su preocupación debido a “incrementa la presión fiscal y amplía la brecha competitiva entre las empresas formales y los actores informales”.
“Este impuesto o contribución, establece un nuevo gasto que forma parte de la estructura de costos de las empresas, por lo que pudiese resultar inflacionario, especialmente en empresas con grandes nóminas, tales como compañías de vigilancia, supermercados, restaurantes, colegios, entre otros”, apuntó la CCM.
Exponen que, manteniendo la actual Ley del Seguro Social, “los empresarios pasarán a pagar dos (2) veces por las pensiones a sus trabajadores”.
Notiespartano/versiónfinal
