La Justicia de Colombia negó este viernes (10.06.2023) la solicitud de un fiscal de archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno , en uno de los casos más sonados y politizados de los últimos años en el país.
El Tribunal Superior de Bogotá demostró que hay pruebas suficientes para continuar con las pesquisas contra uno de los políticos más influyentes en el país, por los delitos de soborno y fraude procesal.
«Con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía (…) resulta inviable por ahora acceder a la petición elevada por la Fiscalía General de la Nación» de archivar el proceso, afirmó el juez Carlos Andrés Guzmán durante una audiencia pública en Bogotá.
Es la tercera vez que un tribunal rechaza una solicitud de la Fiscalía para archivar la investigación contra el expresidente (2002-2010), en medio de un enrevesado proceso de avances y contramarchas que se inició en 2012.
Tras la decisión, la Fiscalía tiene seis meses para presentar el escrito de acusación contra Uribe o pedir nuevamente que se archive el caso. Podría ser la primera vez que un expresidente es llamado a juicio penal en la historia del país por delitos que son castigados hasta con ocho años de cárcel.
Uribe, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular, anticipó el 6 de octubre la decisión «con enorme preocupación» en una declaración a los medios.
El caso contra Álvaro Uribe
Todo comenzó en 2012. Uribe presentó una denuncia contra el parlamentario izquierdista Iván Cepeda al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra los grupos rebeldes.
Sin embargo, la Corte Suprema no sólo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en su calidad de congresista en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos para desacreditar a Cepeda.
Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación. Luego, Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra.
En su reacción anticipada al anuncio, el exgobernante se quedó con los supuestos «vicios» del proceso.
ama (afp, efe, Reuters)
