El pasado martes el Teatro Teresa Carreño se convirtió en un aula de clases más que en una manifestación política, donde imperó el clima de entendimiento y unidad del pueblo venezolano. Si esto hubiera sucedido en España o en Argentina, igualmente se hubieran olvidado las diferencias y los contrastes políticos e ideológicos; porque el imperativo hubiese sido el mismo, en el reclamo de la afirmación territorial y el sentido de los altos intereses de la patria.
España fue víctima del Imperio Británico al quitarle el estratégico Peñón de Gibraltar en 1713, Argentina en 1833 fue también víctima de la actitud agresiva de Londres al desmembrar de esa nación los 13 mil kilómetros insulares de las Malvinas.
En este acto cívico en Caracas, acompañamos al Señor Presidente, al poder civil, al Congreso, al sector militar, a las iglesias y a las universidades en ese imperativo categórico de defender nuestra Guayana Esequiba y recorrer la historia, la geografía y la diplomacia de este reclamo moral y jurídicamente valido. Se hizo patente el compromiso de votar afirmativamente las importantes cuestiones del referendo del próximo 3 de diciembre.
El Laudo Arbitral de París de 1899 consagró el despojo territorial del Reino Unido frente a una Venezuela a la cual se le negó en todo el proceso tanto en Washington en 1897, como en Paris al dictar el arbitraje, la participación de la autoridad venezolana.
En ese Laudo dos jueces ingleses, uno ruso y dos estadounidenses contrariando el Derecho y los hechos nos arrebataron los 170.000 km que estamos reclamando. El mundo conoce que desde 1777 el territorio venezolano estaba comprendido en los límites de la Capitanía General de Venezuela, como lo estableció la Real Cédula de Carlos III el 8 de septiembre de 1777.
Desde la declaración de independencia y en toda la vida republicana, la Guayana Esequiba siempre fue parte integral de Venezuela. La provincia de Guayana y Trinidad desde 1595 fueron parte de la Corona Española.
La capitulación a favor de Diego Fernández de Serpa le había otorgado el territorio que comprendía a la Nueva Andalucía, Guayana y la Amazonia del norte, ese territorio constituía una gran isla fluvial entre el rio Orinoco y el río Amazonas. En 1595 la Corona creo una entidad política-administrativa como provincia de Guyana. En 1772 España estableció la comandancia de Guayana con señalamiento de diferentes poblaciones. En 1776 España acepta la presencia de franceses y holandeses al margen derecho del río Esequibo. El 8 de septiembre de 1777 España define frente a las potencias europeas, la territorialidad con la creación de la Capitanía General de Venezuela.
Siempre ha sido fundamental en los diferendos territoriales en nuestro continente el principio elaborado por nuestro Libertador Simón Bolívar del Utis Possidetis Iuris y asi se afirmó desde la proclamación de independencia en 1810 y en todas las constituciones en la historia de la república.
Gran Bretaña desde 1814 estuvo presente en esa región sustituyendo a los holandeses y en todos los mapas siempre establecía el Esequibo como nuestra frontera, como también lo hacía España. Gran Bretaña en el Tratado de Cooperación y Amistad, firmado con la Gran Colombia aceptaba los límites venezolanos en el Esequibo y antes lo había conocido cuando se promulgó la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia del 12 de Julio de 1821. Igualmente, con la Ley de División Territorial de estas tres repúblicas (Venezuela, Colombia y Ecuador) del 5 de julio de 1824. Londres igualmente tenía conocimientos de la Ley de Misiones de 1841 y del Reglamento Orgánico para la Reducción y Civilización de Indígenas en la Provincia de Guayana. Pero el Imperio Británico fue alterando los mapas y pretendió llegar hasta la desembocadura del Orinoco.
Hoy, en situaciones parecidas de actitudes imperiales en el pasado, justifican demandas de soberanía, como es el caso de España en Gibraltar, Argentina por las Islas Malvinas y Guatemala respecto a Belice.
Con la creación de Naciones Unidas y los procesos de descolonización, fue el momento oportuno para que Venezuela en 1962 plantease el caso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además es muy importante el contenido del testamento del abogado estadounidense Mallet-Prevos que participó en el arbitraje de 1897 y 1899.
Fue tan contundente nuestra argumentación y con un apoyo general que los ingleses debieron aceptar abrir de nuevo el tema del diferendo en el Esequibo, lo cual dejaba demostración de lo irrito y nulo de esta sentencia arbitral y la necesidad de llegar a acuerdos prácticos entre las partes para una solución práctica dentro de una negociación, incluyendo la posibilidad de recurrir a las instancias señaladas en el articulo 33 de la Carta de la ONU.
Guyana con el descubrimiento de grandes reservas de petroleo especialmente en el año 2015 por la Exxon Mobil y con una interpretación equivocada del articulo IV. 2 del Acuerdo de Ginebra, de manera unilateral judicializó el diferendo y lo trasladó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El país vecino y el Reino Unido conocen la reserva que hizo Venezuela a la independencia de la República Cooperativa de Guyana, al aprobarla e invitarla a cooperar dentro del Sistema Interamericano, pero afirmando que parte de ese territorio esta en discusión y debe resolverse en el futuro por la necesaria negociación entre esa República y nuestro país. Venezuela además siempre ha sido taxativa en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. No somos parte del Tratado de Bogotá donde varios Estados si aceptan la competencia.
Es un principio esencial en el Derecho Internacional el consentimiento expreso de los Estados para acudir a ese Tribunal Internacional. Venezuela nunca manifestó ir a la Corte y sigue insistiendo que el único marco jurídico para la solución definitiva de la delimitación territorial entre Caracas y Georgetown es la negociación directa y todo dentro del espíritu y la letra del Acuerdo de Ginebra.
Venezuela siempre ha respetado el orden internacional basado en la justicia y entiende que esta institución judicial forma parte del Sistema de las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros de la ONU son miembros de la CIJ, pero como lo establece su Estatuto los Estados para recurrir a ella en cualquier litigio tienen que dar su aceptación expresa y esto no ha ocurrido en la presente demanda donde Guyana espera se le reconozca validez al arbitraje de París de 1899 y se legitime y legalice la ocupación que ha venido realizando no solo del territorio sino también de su proyección marítima, cuando ha otorgado concesiones petroleras y pretende continuar haciéndolo en un espacio geográfico aun no definido y que tarde o temprano cuando el derecho y la moral se aplique, fue es y seguirá siendo territorio de Venezuela.
