Fiscal de Argentina se opuso este viernes al perdido de la defensa de los tripulantes del avión venezolano de la aerolínea Emtrasur retenidos en la ciudad de Buenos Aires, para que sean liberados sus pasaportes y se les permita salir del país.
De acuerdo a lo reseñado por el diario argentino La Nación, la fiscal del caso, Cecilia Incardona, rechazó que sean entregados los 14 venezolanos y cinco iraníes que viajaban en el avión YV3531 que operaba bajo la fachada de Emtrasur, la filial de carga de Conviasa, pero que perteneció a la aerolínea iraní Mahan Air, la cual se encuentra sancionada por Estados Unidos (EE. UU.) por supuestos vínculos con organizaciones terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Quds.
Asimismo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), querellante en el caso, también se opuso a la liberación de los tripulantes, por lo que se deberá esperar la decisión del juez Federico Villena.
La fiscal Incardona informó que los argumentos para oponerse a la liberación de los tripulantes es que faltan pruebas tras alegar que no está claro que sea cierta la versión sobre el supuesto vuelo de instrucción, además las autoridades no han logrado acceder al contenido total de los teléfonos celulares de los retenidos, por lo que considera que “hay peligro procesal”.
De igual manera, la fiscal tuvo en cuenta que ni Venezuela ni Irán extraditan a sus ciudadanos; con lo cual, en caso de dejar la Argentina y regresar a sus países de origen sería difícil solicitar su presencia en caso de necesitar nuevas pruebas.
En contexto
El pasado 27 de julio un juez federal de Argentina ordenó liberar toda la carga y la mercancía del avión venezolano de la firma Emtrasur que se encuentra retenido en Ezeiza desde el pasado mes de junio.
En su momento se informó que el avión transportaba 47.822 kilos de autopartes para la empresa SAS Automotriz Argentina, y parte de esa carga consistía en autopartes para una planta de la empresa alemana Volkswagen. Sin embargo, 7.860 kilos permanecen en un hangar a la espera de la decisión judicial.
Otros 8.000 kilos pertenecientes a la empresa Skylease también deberán ser liberados tras la orden judicial.
El avión venezolano aterrizó el pasado 6 de junio en Córdoba, debido a problemas con el clima en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, horas después pudo llegar a Ezeiza. El desvío hizo que no le alcanzara el combustible, que ninguna petrolera local quiso reponerle y tampoco pudo hacerlo en Uruguay, adonde no pudo aterrizar porque el avión había pertenecido a Mahan Air, una empresa sancionada por Estados Unidos.
La justicia argentina aún busca determinar si alguno de los tripulantes tenían por objetivo realizar actividades diferentes a las formalmente declaradas.
El pasado 17 de junio los investigadores recibieron un informe del FBI en el que se vincula al piloto de la aeronave, Golamrezha Ghasemi, con la línea aérea de carga Qeshm Fars Air -dueña del avión antes de Mahan Air- y se relaciona a esa empresa con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní y con Hezbollah. Ambas son consideradas organizaciones terroristas en los Estados Unidos. Todas esas aerolíneas están sancionadas por el Departamento del Tesoro.
Desde entonces, la aerolínea ha solicitado la liberación del avión Boeing 747 con matrícula venezolana YV3531. Además, a través de un comunicado emitido la semana pasada, la cancillería iraní exigió a la Argentina la “inmediata liberación” de sus ciudadanos.
“Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní. El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes”, apuntó el texto.
