Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de Cáritas Venezuela señala que el Estado tiene la responsabilidad de ser el garante del derecho a la alimentación, por lo que el gobierno tiene que abocarse a solucionar los problemas económicos para que las familias puedan acceder a alimentos de calidad.
En Venezuela, las dificultades para acceder a la alimentación continua siendo una realidad palpable para muchas familias, lo cual ha sido documentado por diversas organizaciones. Problemas de distribución, pérdida del poder adquisitivo y el impacto de sanciones económicas contribuyen a esta realidad.
La investigadora de Cáritas Venezuela, compartió sus perspectivas sobre las declaraciones ofrecidas el pasado 14 de febrero por Michael Fakhri, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación.
Raffalli afirmó que el país cuenta con los recursos y las condiciones necesarias para abordar esta realidad y redirigir sus programas de protección social.
Asimismo, consideró que lo expuesto por Fakhri, tras su visita a la capital y a los estados Anzoátegui, Miranda, Sucre y Zulia le brinda al Gobierno nacional orientaciones claras sobre los puntos que debe atender en materia alimentaria.
El relator especial de la ONU instó a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, especialmente enfocado en la situación de los niños, quienes están expuestos a mecanismos negativos de supervivencia, tales como: separación familiar, trabajo infantil, explotación sexual, violencia física y abusos.
Desafíos y propuestas para el sector alimentario
Aunque el país cuenta con leyes progresistas sobre el tema alimentario, consagradas en su Constitución, la falta de aplicación es evidente, según Raffalli.
La experta mencionó que la Ley de Semillas, diseñada para fomentar la protección y adaptación al clima de estas, cuyo objetivo era impulsar la producción nacional, no logró contrarrestar el declive en la producción agrícola.
La nutricionista resaltó la necesidad de apoyar a los pequeños productores y campesinos para revitalizar la producción nacional de alimentos.
Recordó que el gobierno tiene la responsabilidad de ser el garante del derecho a la alimentación, por lo que debería abocarse a resolver los problemas económicos para promover medios de vida sostenibles en lugar de que el ciudadano dependa de una bolsa de comida o de los bonos.
“Es lamentable que un país con las capacidades que tenemos, esté en esta situación, comprándole alimentos ultraprocesados y de bajo valor nutricional a otros países y que eso sea con lo que nos alimentemos”, manifestó Raffalli.
Fakhri describió los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un sistema de clientelismo que no aborda adecuadamente el problema del hambre. Por lo que subrayó la importancia de enfrentar la dolarización de facto, los bajos ingresos y la alta inflación que incide en el poder adquisitivo de la población.
Desnutrición infantil
Raffalli destacó que desde 2016, la desnutrición infantil ha experimentado un aumento significativo, lo que conlleva a que tanto los niños como mujeres afectadas por esta condición, reincidan continuamente, aunque se les presta apoyo.
Igualmente, alertó que la desnutrición tiene consecuencias a largo plazo, ya que provoca un retraso en el crecimiento que afectará su calidad de vida en el futuro.
Notiespartano/FeyAlegria
