El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado la ejecución de cuatro activistas democráticos opositores a la junta militar birmana y ha pedido la liberación de los presos detenidos de forma arbitraria, incluidos la depuesta líder Aung San Suu Sky y el presidente Win Myint.
Los 15 miembros del Consejo de Seguridad (cinco permanentes y diez temporales) condenaron las ejecuciones durante su reunión del miércoles en la sede de la ONU e hicieron un llamamiento a proseguir el diálogo «con todas las partes implicadas y a «la reconciliación de acuerdo con la voluntad y los intereses de la población de Birmania», según el comunicado.
La condena, refrendada por miembros cercanos al régimen birmano, como Rusia y China, fue acompañada del apoyo a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que este lunes condenó las ejecuciones con dureza y recalcó que dificultan la hoja de ruta para estabilizar el país.
Los quince miembros del consejo de seguridad respaldaron a la ASEAN en sus esfuerzos por aplicar los cinco puntos de consenso acordados hace más de un año con el régimen birmano, entre los que se incluyen el fin de la violencia contra los civiles y el inicio de un diálogo entre todas las partes implicadas en el conflicto.
El Consejo de Seguridad también pidió «el cese inmediato de todas las formas de violencia, incluidos los ataques sobre infraestructuras y centros sanitarios y educativos», y reiteraron su apoyo a «la transición democrática» de Birmania.
La junta militar birmana que se impuso en el poder tras el golpe de Estado de febrero de 2021 anunció este lunes la ejecución de cuatro activistas prodemocracia acusados de «actos terroristas», los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.
Entre los ejecutados se encuentran el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta.
Las ejecuciones se llevaron a cabo pese a las fuertes presiones internas y externas para su cancelación y han disparado la inquietud sobre el centenar largo de condenados a muerte en el país, sumido en una crisis política, económica y social desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021.
La toma del poder por el general Min Aung Hlain vino acompañada del encarcelamiento de los principales opositores, incluida la depuesta líder Suu Kyi, y de una fuerte represión que ha costado la vida a al menos a 2.131 personas.
Notiespartano/800Noticias
