El Congreso de Perú declaró el viernes (17.02.2023) persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió a las autoridades que garanticen que «no ingrese al territorio nacional».
La decisión recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del pleno legislativo. La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo Petro el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.
Expresiones de Petro eran «lamentables, realmente vergonzosas
«En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», señaló el presidente colombiano.
Petro resaltó que dicha convención «no se aplica solo a gobiernos de izquierda». «Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura», agregó el mandatario.
La moción que planteó esta medida fue aprobada el pasado martes por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva, quien consideró en ese momento que las expresiones de Petro eran «lamentables, realmente vergonzosas».
Este viernes, Alva remarcó ante el pleno que el Congreso peruano está «defendiendo a la Policía Nacional», tras lo cual enfatizó que «nadie puede ofenderla diciendo que son tropas nazis».
También pidió declarar a Petro persona non grata y exhortar a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a realizar «las gestiones necesarias» para garantizar que el mandatario colombiano «no ingrese al territorio nacional».
En enero pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su «enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia» de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.
Congreso aprueba acusar a Pedro Castillo por corrupción
El Congreso de Perú aprobó este viernes (17.02.2023) el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe, por lo que, ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
También aprueban acusar a exministros
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de «absurda» la acusación, insistiendo en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Durante el debate, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que lucía prácticamente vacía.
Pedro Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral» y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Notiespartano/DW.com/EFE/
