Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que las autoridades no han tomado medida alguna para combatir la provisionalidad de los jueces, esto a pesar de que el artículo 255 de la Constitución establece claramente que «el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes».
Aunque las calificó como «pasos prometedores», Bachelet ha admitido, de manera diplomática, que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por el chavismo en la justicia venezolana ni ayudarán a fortalecer la autonomía de los tribunales ni posiblemente sean constitucionales.
«Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», escribió la exmandataria chilena en el último informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, elaborado con información que va desde mayo de 2021 hasta el pasado mes de abril, respecto a la situación venezolana antes de dejar su puesto.
El «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional (AN) oficialista el pasado 26 de abril está conformado por un 60% de magistrados que ya ocupaban esos cargos en el anterior máximo juzgado. Asimismo, por lo menos diecisiete de los designados tienen nexos familiares con altos funcionarios del Gobierno, han ocupado puestos en el Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o Nicolás Maduro, han militado en el Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, una situación que genera dudas más que razonables respecto a su independencia.
Reelección de algunos magistrados es inconstitucional
En el resumen que presentó oralmente el 29 de junio, la funcionaria fue más allá y tomó nota «de las preocupaciones planteadas con respecto a la reelección de algunos magistrados», una decisión que «contradeciría las limitaciones constitucionales de único período de doce años». El artículo 264 de la carta magna señala que los miembros del máximo juzgado tendrán un mandato de doce años y que no podrán optar a otro.
En los últimos años, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH sobre Venezuela han apuntado a que la cooptación de la justicia por parte de los gobiernos chavistas es responsable de la erosión de la democracia y ha facilitado la comisión de los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Notiespartano/Analítica
