Los migrantes que cruzan la selva del Darién no solo se enfrentan a los peligros propios de la selva y el tráfico ilegal, sino que también sufren abusos por parte de las autoridades de Panamá al llegar a las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM).
Así lo recoge un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre graves vejámenes que habrían sido cometidos por partes de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
El informe, que fue filtrado por El País, detalla como el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente. Según el documento elaborado por la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, las víctimas “carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica, es por ello que son engañadas “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
Sin embargo, las denuncias de violencia sexual no es lo único que revela el documento de 18 páginas. La ONU también denunció que muchos migrantes se vieron obligados a pagar sus viajes con trabajos forzados en las mismas estaciones receptoras con el fin de obtener los medios para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones.
Dicha información “vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM”, continúa el documento.
Retenidos en las ERM
Según el Gobierno de Panamá, 250.000 personas atravesaron la densa selva pantanosa que separa Colombia de dicho país, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Esta cifra supone un nuevo récord, pues el año anterior solo cruzaron 133 mil personas.
Ahora bien, después de superar la travesía mortal, los migrantes son recibidos en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras, pero es allí mismo donde, según la ONU, se encuentran “de facto privados de la libertad, al no estar autorizados a salir de dichos centros, salvo para ser trasladados por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
El informe, elaborado por el equipo del relator especial para los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, reporta casos de familias “retenidas por más de tres meses” en las estaciones por falta de documentos como certificados de nacimiento que acrediten el parentesco entre padres e hijos. Incluso, “a las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento, que según se informa puede extenderse durante varios meses”.
A esta situación se le suman las “deplorables e insalubres” condiciones de estos espacios de recepción, donde se exponen a abusos “por parte de las autoridades que gestionan estos centros”. Según el documento, no hay separación de espacios para mujeres, niños y niñas con lo cual no se garantiza ni su seguridad y protección, lo que genera riesgos de sufrir de violencia basada en el género.
El parte de las autoridades panameñas
Tras filtrarse el contenido del informe de la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechaza señalamientos que desvirtúan la labor humanitaria de las entidades panameñas, con la colaboración de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, en atención a los migrantes.
Asimismo, el texto precisa que en caso de que estos hechos fueran corroborados, el Gobierno llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias.
La Cancillería explicó que, durante el último año los estamentos de seguridad han desarrollado más de 11 operaciones contra redes del crimen organizado transnacional, especialmente contra las de tráfico ilícito de migrantes, que han permitido alrededor de 154 capturas sólo en 2022.
Notiespartano/FronteraViva
