El Gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización de una carretera nacional clave en la comunicación con los países vecinos del Mercosur, como parte de su plan para reducir el gasto público, según un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo dispuso las condiciones de la licitación del Corredor Vial 18 -de 676,11 kilómetros-, que incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, transita y conecta las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Además, cruza el río Paraná y abarca tres pasos fronterizos, con Uruguay -Puente Internacional General Artigas y acceso a la represa binacional Salto Grande- y con Brasil -Puente Internacional Paso de los Libres-.
El decreto establece que esas rutas se licitarán dentro del plazo de doce meses para otorgar la concesión por peaje y costear la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, así como para llevar a cabo explotaciones complementarias que permitan obtener ingresos adicionales.
La concesión del Corredor Vial Nacional 18 había sido prorrogada a la empresa Caminos del Río Uruguay hasta abril próximo.
El Corredor Vial 18 «es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino, sino para todo el todo el Mercosur (bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)», indica el decreto, dado que conectar tres de las cuatro naciones miembros por vía terrestre e incluye la conexión a la represa binacional Salto Grande.
Todos esos tramos y rutas forman parte de la nueva Red Federal de Concesiones -que abarca 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20 % de la red vial nacional y el 80 % del tránsito-, que «no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios», informó Vialidad Nacional en un comunicado.
«El objetivo primordial de esta apertura al capital privado es reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional, que se calculan en aproximadamente 6.100 millones de dólares, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años», afirmó Vialidad Nacional.
A principios de la década de 1990 se privatizaron rutas nacionales en Argentina mediante un esquema de concesiones a privados.
La crisis de 2001 y la posterior caída del régimen de convertibilidad del peso frente al dólar afectaron la ecuación económico financiera de las empresas.
Además, el fracaso en la renegociación de los contratos derivó en que varias compañías iniciaran reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Los contratos vencieron en 2003 y, desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales, salvo para el Corredor Vial 18.
Notiespartano/EFE
