Venezuela perdió una «oportunidad magnífica» en el Comité de DDHH-ONU por las respuestas a medias, descalificaciones, desconocimiento de la situación de derechos humanos y la utilización de las sanciones como respuesta a todos los problemas.
Así se resume la participación de la administración de Nicolás Maduro en el quinto examen del Comité de DDHH de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Las preguntas de los expertos del Comité, que evalúa en Ginebra (Suiza) la situación de Venezuela durante los días 10 y 11 de octubre, se pasearon por el alcance de los estados de emergencia, ataques a defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas, represión en las protestas y ejecuciones extrajudiciales por operativos en zonas pobres, independencia de la Defensoría del Pueblo y efectividad de las políticas anticorrupción.
Dentro de la evaluación también se consultaron temas específicos que pasaron por revisión en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), donde Venezuela no salió bien parada: esterilización forzada de mujeres, apoyo a víctimas de violencia de género, trabajo de tribunales especiales, apoyo a cuidadoras o mujeres con discapacidad, atención a mujeres en zonas mineras, fin de la criminalización al aborto, acceso en zonas rurales a servicios de salud y educación sexual, matrimonio de personas del mismo sexo y ataques a personas Lgbti.
La contestación de Venezuela a las preguntas de los expertos del Comité se basaron en acusaciones de tomar «fuentes de dudosa credibilidad» para atacar a la administración Maduro, e invitaciones para que visiten al país, aunque el Estado no ha girado ninguna convocatoria oficial a mecanismos o relatores independientes de Naciones Unidas desde 2019.
La vocería principal la llevó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, acompañado del embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, y el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab.
Gil acusó la «sensibilidad» de los miembros del Comité, y justificó las descalificaciones contra los expertos por los señalamientos de violaciones sistemáticas y permanentes a los derechos humanos. «En todas las exposiciones se comenzó juzgando, determinando una posición que no se corresponde. Llamaron a funcionarios públicos nuestros asesinos, corruptos, trasgesores de la ley. Esto es parte de un guión».
Además, exigió que esta instancia se alinee con la responsabilidad de la ONU y que las cifras sean omitidas por pertenecer a «agencias de propaganda (…) Esto le hace un flaco favor a los derechos humanos».
La respuesta del Comité
La presidenta del Comité de Derechos Humanos, Tania Abdo Rocholl, regañó a Venezuela por utilizar la mayor parte del tiempo asignado para descalificar a los expertos. «Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque».
Recordó que cada uno de los expertos son independientes, y no responden a los intereses particulares de sus países de origen. Abdo Rocholl también le dijo a los representantes venezolanos que desperdiciaron una primera «oportunidad magnífica» para aclarar cada uno de los puntos consultados.
Se refirió además a los «solapamientos» denunciados por el canciller Gil de temas que ya han sido objeto de revisión en otros exámenes de organismos de la ONU. «Los solapamientos no son casuales, porque el tema particular requiere atención del Comité. Nosotros requerimos información (…) Lo que queremos es que el mayor cumplimiento del estándar se aplique y que las recomendaciones que se trabajen sean adecuadas».
El experto español Carlos Gómez Martínez dijo que nunca se habían proferido tantas descalificaciones contra miembros del Comité. «Por mucho que estemos aquí en un ámbito institucional, donde deben ser mantenidas las formas, tenemos derecho a pedir que se nos respete. Nunca vamos a caer en el campo de descalificaciones».
El portugués José Santos dijo que las respuestas de Venezuela son «tan generales» que no permiten una verdadera evaluación de Venezuela; mientras que los expertos Kobauyah Tchamdja, Wafaa Bassim y Hernán Quezada lamentaron que los representantes venezolanos no hayan escuchado y respondido atentamente sus preguntas, por lo que pidieron una respuesta en el segundo día de revisión, ya sea oralmente o por escrito.
¿Qué sí respondió Venezuela?
La viceministra de Política Interior, Alana Zuloaga, reconoció que «aún queda por hacer en tema de género», aunque afirmó que en Venezuela las mujeres tienen «las mismas posibilidades y los mismos salarios que los hombres» y que se van acortando las brechas.
Dijo además que a través del 911 se pueden denunciar delitos de violencia de género, que pueden ser hechas no solo por la víctima sino familiares, y señaló la «existencia» de salas especializadas para manejar a las víctimas y que no tengan encuentros con sus agresores.
En materia de protección a personas Lgbti, comentó que «abordan las denuncias». Respecto al caso de los 33 de Carabobo, donde se detuvo a un grupo de personas Lgbti en un sauna en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, dijo que sencillamente «atendieron el llamado de las comunidades, no porque estuviesen las personas Lgbti sino porque fue un llamado de orden de las comunidades (…) Es desconsiderado con nuestros hermanos Lgbti referir que fue por eso . No fue por su orientación sexual».
Sobre esto, Tarek William Saab –quien participó por primera vez en un examen de la ONU como fiscal– dijo que las denuncias de los vecinos se hicieron durante seis meses por un «local clandestino (…) que causaba malestar en la zona residencial. Parecía una discoteca porque tenían música a altas horas del día».
Aseveró que el local laboraba sin permisos y controles sanitarios: «No tiene nada que ver esto con una violación a la identidad, vamos a decir, Lgbti ni nada». Reiteró que los funcionarios están siendo investigados por promoción e incitación al odio y trato inhumano o degradante.
Saab también lamentó «la falta de investigación, profesionalismo, búsqueda de la verdad en datos oficiales que ya están publicados» por parte de los expertos, a quienes acusó de hablar «solo porque un dirigente que se opone al gobierno de Venezuela se los dijo».
En materia de derechos humanos, el fiscal venezolano dijo que de manera general se han imputado a 2.672 funcionarios, una cifra que crece a 5.852 funcionarios al hacer la distinción de «delitos vinculantes» como desaparición forzada, homicidio, abuso de autoridad o tratos crueles.
Además comentó que han acusado 5.159 funcionarios civiles y militares y se han condenado 862 funcionarios por estos delitos en seis años.
Sobre casos de corrupción, el fiscal dijo que han llevado «una cruzada» y existen 21.534 funcionarios imputados, 9.388 acusados, y se ha logrado condenar a 5.365 personas. «Todas estas estadísticas están totalmente certificadas y documentadas, reposan en los archivos digitales y están a disposición de este Comité», afirmó.
Ante una repregunta, el fiscal Saab ripostó que no pueden responder a delitos cuando se cambian los calificativos, específicamente para referirse a desapariciones forzadas. Aseguró que no pueden declarar sobre «desapariciones exprés» o cuando personas «aseguran que sus familiares están desaparecidos, pero por pocas horas y luego aparecen».
Comentó que el Ministerio Público desde 2015 hasta el año 2022 ha conocido de 455 casos vinculados o denunciados con el delito de desaparición forzada, 402 se encuentran activos en fase de investigación, 10 en fase de juicio, 40 concluidos y 16 en archivo fiscal. Dijo que se acusó a 72 funcionarios del Estado y se condenaron a cinco en este período.
En cuanto a la atención de femicidios, Saab dijo que han la imputación de 1.691 personas y 89 casos se encuentran en fase de investigación. En otro 4% las causas se encuentran en fase de investigación o con órdenes de aprehensión porque el agresor se encuentra en fuga.
Sobre la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el funcionario de la Defensoría Edgar Toro aseguró que han desarrollado 15 talleres de formación en materia de derechos humanos en diversas instituciones, y que se encuentra sistematizada el seguimiento a las recomendaciones de órganos de tratado, el Comité y el Consejo de DDHH.
Luego aseveró que «se ha parado la parte tecnológica, hay que decirlo por las medidas coercitivas unilaterales, para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas».
Comentó además que la administración Maduro aceptó cinco visitas de relatores independientes por su memorando de entendimiento con esta Oficina de la ONU, y han «conversado» para permitir la evaluación in situ de los relatores sobre el derecho a la alimentación, derecho a la vivienda adecuada, sobre las formas contemporáneas de racismo y la experta independiente sobre los efectos de la deuda externa.
Además, calificó de «insólito» que la relatora Kobauyah Tchamdja se haya referido a la falta de independencia del Defensor del Pueblo. Defendió que este organismo ha tenido «pronunciamientos claros» como en la masacre de Barlovento, separación de funcionarios de sus cargos por violaciones a derechos humanos y solicitudes en pro de medidas a personas privadas de libertad.
Notiespartano/TalCual
