El dirigente nacional de La Causa R y precandidato a las primarias opositoras, Andrés Velásquez, calificó de demoledores los informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, uno sobre el Arco Minero del Orinoco y otro sobre las cadenas de mando.
“Ya el primer y segundo informe de la misión, presentados respectivamente en 2020 y 2021, fueron tan rigurosos, técnicos y contundentes; que en buena parte aportaron mucha de la data, información, testimonios y pruebas que resultaron materia prima para que la Corte Penal Internacional abriera una investigación sobre el régimen de Nicolás Maduro, por considerar que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad”, destacó.
Velásquez considera que este tercer informe constituye “un paso más para llegar a la justicia y sus perpetradores, porque en este informe se identifica la cadena de mando como responsables de las gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Además, tienen la característica de ser prácticas sistemáticas del régimen, al punto de poder llegar a calificarse como crímenes de lesa humanidad”.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señala parte del informe.
Asimismo, la misión menciona a la policía política, como el Sebin y la Dgcim, como los encargados de la ejecución de un plan orquestado por Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel, mediante torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad, según precisó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela.
“El informe presentado hoy por la misión no deja dudas al señalar con nombre y apellido a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El informe indica que: ‘participan en la selección de objetivos’, y así se ‘han torturado a políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos en el Helicoide, en Caracas”, agregó Velásquez.
También, solicitó a los países miembros de las Naciones Unidas a tomar en cuenta los informes, conclusiones y recomendaciones de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, y se presenten ante el Consejo de Derechos Humanos, “para que con pruebas técnicas, rigurosas e independientes voten por la renovación del mandato de la misión. Los venezolanos exigimos justicia para las víctimas, los familiares, los defensores de derechos humanos, porque sin justicia no habrá paz, ni país”.
“A todos nos tiene que interpelar lo que durante décadas ha pasado en Venezuela, porque hoy somos nosotros los venezolanos y nuestro dolor, pero estos regímenes no se detienen y siempre serán una amenaza para la estabilidad de la región y del mundo. Es la hora de la justicia y para eso es vital”, concluyó.
Precisamente, mientras se presentaron los informes que hablan de las violaciones de derechos humanos y cómo organismos de seguridad del Estado actúan como represores, la ONG Provea denunció el amedrentamiento por parte del Sebin hacia familiares de trabajadores detenidos, cuando ofrecían una rueda de prensa.
Los informes
La misión realizó 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus parientes y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
En su informe documentó 122 casos de víctimas de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dgcim, en la sede de Boleíta, Caracas, “y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
En el informe sobre el Arco Minero del Orinoco documentó los casos de masacres al sur de Bolívar, desde 2016 cuando se denunció la desaparición de 16 mineros en Tumeremo, durante el gobierno de Francisco Rangel Gómez.
Asimismo expuso la cronología de lo que significó el ataque en 2019 al pueblo indígena pemón de Kumarakapay, en la víspera del ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil.
Los testimonios recabados incluyen información sobre cómo opera el pranato minero en estas zonas y su connivencia con organismos de la Fuerza Armada y el gobierno regional y nacional en la dotación de armas y municiones, y combustible.
Asimismo, señaló que 17 empresas supuestamente privadas que hicieron alianzas estratégicas con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), presidida por el general Carlos Osorio.
Estas supuestas compañías privadas las manejan en su mayoría un testaferro. Sin embargo, se destaca también que las controlan élites políticas y militares venezolanas, con las que han logrado un enriquecimiento extrapresupuestario que incluye el contrabando de oro hacia países fronterizos.
Notiespartano/CorreodelCaroní
