Como era de esperarse, el psiquiatra jefe de la Asamblea Nacional restó méritos a los técnicos de la Organización de las Naciones Unidas que sometieron a un profundo estudio lo ocurrido el 28-J, determinando que el CNE no cumplió las medidas de transparencia.
Los llamó “basura” en una de sus acostumbradas e incendiarias diatribas a todo cuanto le huela a oposición y, a lo Jalisco, propuso reformar las leyes electorales para prohibir la observación electoral, de modo “que ni el Centro Carter ni la ONU vengan a tomar posición”.
Por su parte, el régimen calificó de “falsos expertos electorales” al panel de la ONU, acusándolos “de difundir una serie de mentiras” y de haber violado “los términos de referencia suscrito con el poder electoral, al publicar el informe preliminar”.
Reacciones que, si examinan bien, son una muestra más de la desesperación que tienen al no poder silenciar lo que en el mundo entero ya es un hecho público y notorio: la victoria fue para la democracia, correspondiéndole al socialismo la derrota.
Los expertos, en el informe preliminar que entregaron a António Guterres, enumeran las fallas encontradas en la parte final de dicho proceso, dejando en claro que “no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.
En cuanto a Amoroso, conocido dirigente del PSUV, afirman que “no pudo respaldar sus anuncios orales” por cuanto no presentó, tal cual le obliga la ley electoral, los resultados detallados de esos comicios que, a la fecha de hoy, aún no se conocen oficialmente.
Señalan que el presidente del CNE, argumenta que, al cierre de las mesas de votación, la totalización se detuvo bruscamente, falla sobre la cual “no proporcionó información o explicación alguna a los candidatos en ese momento ni al panel”.
Los técnicos igualmente hicieron una amplia revisión sobre “los resultados que la oposición publicó en un sitio web con el contenido de las actas”. Sobre el importante asentimiento, especificaron que la documentación revisada “exhibe los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados” y expresan: “Esto sugiere que una medida clave de salvaguardia de transparencia estaría disponible, como estaba previsto, respecto a cualquier resultado publicado” de manera oficial.
En suma, el proceso de gestión de resultados del CNE “no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles.
Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”. Punto clave, muy importante: en cuanto a lo que estaría haciendo el TSJ, para certificar los resultados, según lo solicitara Nicolás Maduro, los técnicos de la ONU advierten que “no hay información detallada disponible sobre cómo se llevará a cabo esa evaluación”.
El informe, preliminar, que al principio sería conocido sólo por el CNE y el Secretario General de la ONU, sin embargo se hizo público; vendría a constituirse en un fuerte apuntalamiento del holgado triunfo de Edmundo González Urrutia, verdad del todo incuestionable.
Corresponde al oficialismo probar muy bien lo contrario. Pero, por el camino hasta ahora transitado, frente a millones de venezolanos y ciudadanos de la mayoría de naciones, la tarea le está resultando imposible.
El delicado asunto, causa grave daño a la república, cuya ciudadanía está defendiendo sus derechos a elegir quién la gobierne, siempre que se respeten los votos, y clama de mil modos que su soberanía ha sido conculcada.
Son millones los ciudadanos que reclaman sus derechos ante la actitud, siempre de fuerza, de las autoridades. Son venezolanos que no dan tregua en su lucha, que es del todo pacífica, porque más pronto que tarde el liderazgo gobernante –que ya lo ha entendido, pero no lo acepta—que, si es entera, franca, sincera y raizalmente un gobierno democrático, reconozca la realidad que está labrada en piedra “papelito por papelito”.
La lamentable cifra de víctimas fatales y de heridos; los más de dos mil detenidos, gran número de ellos menores de edad, y los daños ocurridos tienen que parar. La oposición, seria y responsable, ha sido clara: quiere paz.
Una paz sustentada en la verdad: la que se expresa en los sólidos resultados, que ya se conocen y que se han demostrado ser imposibles de alterar.
Y quien lo intente, según un especialista en informática, tendrá que falsificar una por una las actas, que son infalsificables, tal cual su explicación: “Un trillón de veces por segundo por un octojesillón de años por cada código (hash) de cada acta, deberán emplear los falsificadores…Y son más de 30 mil actas”
¡Ah! Tampoco hubo ataque, desde Macedonia del Norte. Si “acaso se produjo”, sería “contra los Servidores de la CANTV.
NO contra el Sistema de Transmisión de las actas. Pues sucede que los votos NO se transmiten desde cada Centro de Votación a la Sala de Totalización del CNE por vía Internet, sino por la red telefónica. “Ese “ataque” a la Sala de Totalización del CNE sólo podría ocurrir de manera física, única y exclusivamente. Lo cual tampoco ha ocurrido.
La república está amenazada. Eso es cierto. Hay que salvar a la república. Y salvarla pasa por el entendimiento, por la aceptación, por el respeto a las leyes y a la Carta Magna.
A la dignidad de cada ciudadano, igualmente. Tales verdades son las que les duelen a los votantes, de uno y otro bando, que sufragaron con honestidad, pensando en el futuro inmediato del país; de sus hijos pasando trabajo por medio mundo, que quieren regresar si en vez de sufrimiento hay posibilidades ciertas de mejoría social en todo sentido.
Siempre y cuando, como dijo el presidente Lula, “el que pierde se va…” Así de simple.
ÁngelCiroGuerrero
