Surinam buscará volver a la normalidad el lunes (20.02.2023), tras un toque de queda ordenado para apaciguar las protestas del viernes que terminaron en saqueos y un intento de asalto al Parlamento.
«Creemos que la economía debe normalizarse lo más rápido posible», dijo este domingo el presidente Chan Santokhi en una declaración en la que aclaró que las vías que dan acceso a la Asamblea Nacional y a las oficinas de su gabinete se mantendrán cerradas.
Tampoco habrá clases y los colegios solo abrirán sus puertas para que los maestros organicen sus actividades.
Protesta contra el alto costo de la vida
El gobierno prevé un alto despliegue policial. «Se ha decidido aumentar la seguridad. En los últimos días se han incrementado los patrullajes en varias carreteras», dijo.
Después de los disturbios del viernes en una protesta contra el alto costo de la vida, la mayoría de los comercios se mantuvieron cerrados el fin de semana.
Según el balance oficial, 119 personas fueron detenidas durante las protestas, pero 45 ya han sido puestas en libertad y enviadas a casa. al menos 74 siguen tras las rejas. Entre los detenidos se encuentra el organizador de la protesta, Stephano «Pakittow» Biervliet.
En la manifestación también resultaron heridas 19 personas, de acuerdo con el mismo balance oficial.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar «preocupado» por la violencia en Surinam, donde algunos manifestantes irrumpieron en el edificio del Parlamento. Los hechos dejaron al menos un muerto y 20 heridos, según los datos oficiales.
Surinam, un pequeño país del noreste de Sudamérica con 600.000 habitantes, está sumido en una grave crisis económica, y el año pasado cerró con una inflación del 54,6%, según el Banco Central. La antigua colonia holandesa espera con impaciencia la explotación de las reservas de petróleo, que se prevén elevadas.
El gobierno insiste en que debe recortar gastos como parte del programa de reestructuración económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha planteado reformas fiscales que incluyen la supresión de las subvenciones a la electricidad, el agua y la gasolina, así como un nuevo impuesto a las ventas.
Surinam firmó un acuerdo por 690 millones de dólares con el FMI, pero los fondos terminaron congelados por no cumplir las condiciones exigidas. Estas políticas han sido blanco de fuertes críticas de la oposición y los gremios.
Notiespartano/DW.com/EFE
