El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) emitió un comunicado respaldando la “lucha contra la corrupción”, en medio de la guerra interna y las detenciones registradas desde el viernes en el régimen chavista.
El comunicado se titula “Pronunciamiento en total apoyo a las acciones del Estado venezolano para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en la República Bolivariana de Venezuela“, y fue publicado en la web del PSUV la noche del sábado 18 de marzo, firmado por Fidel Ernesto Vásquez, secretario ejecutivo de la presidencial del PSUV.
Sin embargo, el documento no hace mayores referencias a las detenciones y destituciones registradas en las últimas horas. Sólo se limita a citar declaraciones de hace un año de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sobre la importancia de la lucha contra la corrupción.
“La ética y los valores revolucionarios frente a la corrupción y el burocratismo. Vamos a desenmascarar los antivalores del capitalismo y la indolencia. Cero tolerancia a la corrupción y la traición a la Patria… Que caigan todos los bandidos y bandidas que creen que con un carnet van a poner en duda la honestidad de la revolución”, recuerdan en palabras de Maduro de febrero de 2022.
También citan a Cabello, al afirmar que “hay que luchar contra la corrupción, nosotros no podemos permitir eso, cuando se detecte, hay que denunciarlo y actuar. Un revolucionario tiene que poder ver a los ojos a quien sea porque no tiene rabo de paja, la militancia del Psuv son los principales ojos del partido en todo el país”.
Guerra interna
Según informó el diario chavista Últimas Noticias, la administración de Nicolás Maduro destituyó y detuvo a Joselit Ramírez Camacho, ficha del ministro Tareck El Aissami, que se desempeñaba como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El arresto de Ramírez Camacho sería por su presunta vinculación con el supuesto robo de 3 mil millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano.
En la Gaceta Oficial N° 6.739 fue publicada la resolución mediante la cual se decreta la reestructuración de la Sunacrip por un periodo de seis meses, proceso que estará a cargo de una junta presidida por Anabel Pereira Fernández.
Versiones extraoficiales indican que la detención formaría parte de una guerra interna en el chavismo, entre los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez contra El Aissami.
Acusación en EEUU
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a , a Joselit Ramírez Camacho y al empresario Samark López Bello por una serie de delitos relacionados con la evasión de sanciones impuestas por la OFAC contra el régimen de Maduro.
La acusación formal alegó que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en Estados Unidos para brindar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro de 2018.
El Aissami y Ramírez Camacho fueron acusados por conspiración para entorpecer las funciones gubernamentales lícitas de la OFAC, lo que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión;conspiración para violar la Ley Kingpin, que conlleva un máximo de 30 años de prisión; violaciones sustantivas de la Ley Kingpin, cada una de las cuales conlleva un máximo de 30 años de prisión; concierto para violar IEEPA, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva un máximo de 20 años de prisión.
Cacería de brujas
La administración de Maduro ha desatado una “cacería de brujas” interna en contra de jueces y alcaldes chavistas, que han caído en desgracia después de haber desempeñado roles clave en la maquinaria represiva que se impuso en Venezuela en los últimos años.
La Policía Nacional Anticorrupción solicitó el viernes al Ministerio Público (MP) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
En un comunicado el cuerpo policial explicó que el procedimiento es “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país” que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Sin embargo, el escrito hecho público por el ministro de Comunicación e Información del madurismo, Freddy Ñáñez, no detalló quiénes son estos funcionarios ni individualizó los delitos por los que se le acusa a cada uno.
Notiespartano/800Noticias
