El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó el martes que suspendió temporalmente el proceso de transición con el actual Gobierno, de Alejandro Giammattei, tras las nuevas acciones del Ministerio Público contra los comicios del pasado 25 de junio.
Bernardo Arévalo indicó que la decisión de suspender el proceso de transición obedece a la situación provocada por la Fiscalía, hasta que sean restablecidas las condiciones políticas necesarias para el traspaso de poder.
En rueda de prensa, el mandatario electo solicitó la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien ya había acusado el pasado 1 de septiembre de llevar adelante un golpe de Estado en su contra.
Las acciones de hoy constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. pic.twitter.com/d56OAiBkBy
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
Bernardo Arévalo agregó que ve una contradicción al percatarse de que instituciones del Estado guatemalteco que llevan acciones en su contra, pese a ser que han sido proclamado por las autoridades electorales como ganador de los comicios.
Las declaraciones del presidente electo se dan después de que la Fiscalía allanará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrirá cajas con votos, pese a la negativa de la entidad electoral del país centroamericano.
Ante estos hechos, Bernardo Arévalo exigió también la renuncia a los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además del juez penal Fredy Orellana, que avaló el allanamiento.
Los golpistas deben renunciar pic.twitter.com/wkutxohSDj
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
La persecución de la Fiscalía en contra del ahora presidente electo y su partido, el Movimiento Semilla, comenzó tres semanas después de que Bernardo Arévalo avanzara al balotaje, cuando las encuestas lo situaban en un séptimo lugar.
«Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedad ya que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», concluyó Bernardo Arévalo.
