El Gobierno de Perú oficializó este jueves la declaración del estado de emergencia en distritos y provincias de los departamentos fronterizos con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, para incrementar el «control de los ciudadanos extranjeros» en el país, como anuncio un día antes la presidenta Dina Boluarte.
La medida, que estará vigente durante 60 días, fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.
El decreto confirma que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y que se restringe el ejercicio de derechos constitucionales relativos a las libertades de tránsito, de reunión y libertad y seguridad personales.
Señala, además, que las acciones de control y vigilancia se harán en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las cartillas de seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos.
Intervención militar en la frontera
La presidenta anunció este miércoles que el Consejo de Ministros había acordado declarar el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, que se suman a Puno, fronteriza con Bolivia, donde ya rige ese régimen de excepción por las protestas antigubernamentales de los últimos meses.
Boluarte dijo, además, que el Ejecutivo planteará al Congreso una «reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera».
El Consejo de Ministros también aprobó un decreto que modifica el reglamento de migraciones «para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización» y dio luz verde a que la Superintendencia de Migraciones exonere de multas a los extranjeros que regularicen su presencia en el país.
Boluarte aclaró que esta medida se aplicará únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular, y alertó de que la amnistía «solo tiene un periodo de seis meses» y que el Gobierno «no será tolerante con mayor ampliación de este plazo».
Durante su declaración, la gobernante responsabilizó a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son ellos los que «lamentablemente están cometiendo» actos de delincuencia.
Añadió que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) «permitió el ingreso libre por el norte de Perú» y, según sus datos, en ese tiempo entraron 800.000 venezolanos y «otros tantos haitianos», a los que responsabilizó de la criminalidad sin hacer distinciones.
Notiespartano/ElUniversal
