El sacerdote jesuita Alfredo Infante y el sociólogo Marino Alvarado, coordinadores de programa una Lupa Por la Vida, «perseguidos por Lacava», ratificaron ante medios de comunicación que su informe sobre los casos de ejecuciones extra judiciales a manos de agentes del Estado no pretende ir en contra del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ni de ninguna otra autoridad.
Afirmaron que sencillamente se unen al clamor de los familiares de las víctimas para pedir justicia por las muertes.
Desde la sede del Centro Gumilla de activismo social, en el centro de Caracas, Alfredo Infante, coordinador del área de Derechos Humanos de esta institución, y Marino Alvarado, coordinador del área de Civilidad de la ONG Provea, aclararan puntos sobre los resultados del estudio realizado a través del Programa Lupa por La Vida.
Ese informe revela que en el año 2021 se contabilizaron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país, de las cuales se presumen que un total de 221 fueron responsabilidad de funcionarios de la policía de Carabobo.
Respaldo en las denuncias
En su encuentro con los medios, Infante y Alvarado no estuvieron solos. Los acompañaron varios familiares de ciudadanos que aseguran fueron asesinados de manera extrajudicial por funcionarios adscritos a distintos cuerpos de seguridad del Estado.
Sosteniendo fotos en sus manos, madres, padres, esposas, hermanos, volvieron a exigir justicia por la muerte de sus familiares. Ofrecieron además sus testimonios para respaldar los resultados del informe presentado por el Centro Gumilla, Provea y el programa Lupa por la Vida.
Aclaratoria
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, al conocer los resultados del estudio, en donde se señala que la policía de esa entidad es la que suma más presuntas ejecuciones extrajudiciales, emprendió una acusación penal en contra de los denunciantes Infante y Alvarado.
Lacava los acusa de presuntos delitos de “difamación continuada agravada”, tipificada en el artículo 442 del Código Penal.
“Queremos señalar que dando a conocer los resultados de la investigación, no pretendemos realizar ninguna campaña de descredito contra el gobernador Lacava, este informe es el monitoreo nacional, que señala que en el estado Carabobo durante el año 2021, fue la entidad en donde se reportaron la mayor cantidad de casos, en años anteriores el estado Zulia, era el que encabezaba la lista”, dijo el padre Infante.
Revisar la policía
Así mismo Infante señaló que la recomendación, tanto para el gobernador Lacava, así como para los otros mandatarios regionales, es que investiguen estos casos denunciados, que revisen sus cuerpos policiales, que tomen las medidas necesarias para corregir y evitar se sigan presentando estas violaciones de los Derechos Humanos.
“Así mismo queremos señalar que en cuanto a la demanda del cual hemos sido objeto, en el proceso penal hay una posibilidad de conciliación para resolver el conflicto, llegar a una negociación. No queremos fomentar ningún tipo de confrontaciones, podemos buscar una solución, una negociación pero que no se aliente la impunidad, sino que se apoye el derecho a la vida y la aplicación de justicia que exigen los familiares”, señaló Infante.
Igualmente dijo el representante del Centro Gumilla, que es necesario retomar los programas de capacitación en materia de Derechos Humanos para los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad.
Derecho a vivir
“También queremos solicitar al Defensor de pueblo, Alfredo Ruíz, que tome en cuenta para su investigación los resultados de este tipo de informes, que defienda el derecho a la vida, que asegure el acceso a la justicia y reparación para los familiares, en todos los casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales”, señalo el religioso, quien es párroco de la Vega, una de las barriadas más marginadas de Caracas.
Señalo que el estudio se basa en la recolección de datos publicados en los medios de comunicación regionales, algunas fuentes policiales y los testimonios de las víctimas, muchas de las cuales prefieren guardar silencio por el miedo que les han infundido.
Ofensas en el poder
Por su parte Marino Alvarado señaló que el gobernador Lacava, se sintió ofendido por los resultados del estudio del programa Lupa por La Vida, ya que esa entidad acumuló la mayor cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales.
“Yo creo que no solo el gobernador Lacava, sino todas las autoridades, no debería ofrecer su apoyo automático a los funcionarios, cuando se conozcan estas denuncias. Lo correcto es solicitar una investigación a los funcionarios que tengan algún indicio de responsabilidad en los sucesos, para esclarecer las causas de los hechos”, dijo Alvarado.
Indicó que han solicitado al Ministerio Público (Fiscalía) que se investiguen las denuncias. “No solo de los funcionarios que presuntamente participaron en las presuntas ejecuciones extrajudiciales, apretando el gatillo, los autores materiales, sino también se investigue a la cadena de mando. Recordemos que la legislación venezolana estipula que los gobernadores y alcaldes, que tienen bajo su administración cuerpos de seguridad tienen, en cierta medida, responsabilidad en todas sus acciones, buenas o malas”, recalcó.
“Nosotros continuaremos con nuestra labor para la Defensa de los Derechos Humanos de las víctimas y familiares”, indicó Alvarado.
Respaldan el informe y piden justicia
El señor Ernesto Mijares tiene cuatro años buscando justicia por la muerte de su hijo Alberto Mijares.
Mijares asegura que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional, asesinaron a su hijo en el año 2018.
“Los hechos ocurrieron en la Torre Viasa, ubicada en la zona de La Candelaria (centro), el edificio fue tomado por los funcionarios a las 11 de la mañana, pero fue llegada las 3 de la tarde que comenzaron el tiroteo. Allí fue asesinado mi hijo y otros seis jóvenes, quienes recibieron un solo tiro en el pecho, todos ellos fueron ajusticiados (ejecutados). Desde el mismo día de su muerte no he parado en hacer trámites en busca de justica, pero todo es una lucha pues las autoridades responsables de darme apoyo no me ofrecen respuesta”, dijo Mijares.
Ernesto Mijares trabaja en una empresa de recolección de desechos sólidos. Dice que respalda por completo las labores que realizan desde Provea y el Centro Gumilla por la defensa de los Derechos Humanos.
“Además de la perdida de mi hijo, me duele que mis tres nietos quedaron huérfanos de padre, ellos se quedaron conmigo, pues su madre se fue del país. Yo seguiré luchando por la justicia y para ayudar a criar a mis nietos”, dijo Mijares.
Alcabala mortal
José Luis Briceño es vecino de la zona de Las Adjuntas en la parroquia Macarao. Es padre de Luis Briceño, que asegura fue asesinado, junto a otros cinco ciudadanos, por funcionarios policiales el 2 de agosto del 2020.
Indicó que su hijo era padre de tres niños, “la mamá se llevó a dos de los pequeños y yo me quede con uno, nuestra familia sigue devastada, pero no me permito quedarme sin fuerzas hasta que se haga justicia”, señaló.
Tibisay Ivana, es vecina de la zona de Carapita en la parroquia Antímano, ella es la hermana de Luis García de 34 años de edad, quien junto a otras seis personas perdió la vida en el sector Los Campitos de La Guaira, en un supuesto enfrentamiento con funcionarios policiales.
“Mis tres sobrinos quedaron huérfanos, perdieron a su padre y nosotros sus familiares exigimos justicia, queremos que los culpables de estos hechos sean castigados, rechazamos la impunidad de estas muertes”, dijo Ivana.
Notiespartano/ElEstímulo
