“El tema eléctrico impacta a todo el país, no solo porque en el interior hay apagones que duran hasta 18 horas, sino porque involucra a varios actores, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues los grupos guerrilleros no permiten trabajar a los ingenieros eléctricos ni a los especialistas en el área eléctrica. Incluso están dentro del Campamento de CVG Bauxilum y comunidades aledañas. Sin luz no hay Venezuela, porque no hay nevera, no hay estaciones de combustible, no hay metro, no hay comercio, no hay empresas”, dice Ángel Jesús Prato Espinoza, presidente de Líderes Libres.
En conversación con Infobae dice que Maduro y su Gabinete “han tenido que recurrir a cortes de luz por la inestabilidad del servicio eléctrico, aumentando las fallas, lo que lleva a que en algunas ciudades y pueblos se apliquen recortes de 18 horas al día. El terror de otro apagón está latente en Venezuela: se siguen produciendo fuertes bajones de electricidad en muchas zonas del país; a ésta también se le suma la ineficiencia de un pésimo manejo de la planta de alúmina”.
Anuncia que los venezolanos tienen un reto, este jueves 6 de octubre, a las 10 de la mañana, cuando la organización Líderes Libres Derechos Humanos & Conservación Ambiental, esté al frente de una protesta en la sede de Corpoelec, antigua Cadafe, en la Av Sánz de El Márquez en Caracas. “El reto es a no dejarse morir de hambre, luchando contra los esbirros que obstaculizan el Plan Eléctrico Nacional”.
La energía eléctrica mueve al mundo, asegura Prato, para quien “hoy en Venezuela la escasez casi total del servicio está deteniendo el desarrollo del país; existe un retroceso en todos los ámbitos de las tareas humanas de los venezolanos, además de las inversiones nacionales y extranjeras”.
Enfatiza que “Venezuela está en emergencia eléctrica, requiriendo de la velocidad de la luz para las actividades de: generación, transmisión y distribución en equipos necesarios para el país, sin que se roben los recursos económicos entre militares y civiles corruptos del Gobierno”.
El apagón eléctrico más grande de la Historia de Venezuela fue en el año 2019 comenzando el 7 de marzo a las 4:55pm, hora local de Caracas. “Ese apagón duró 15 días continuos en los 23 estados y su Distrito Capital, causando muertes en hospitales y clínicas además de crear graves problemas en las industrias, el transporte, en los servicios de agua y múltiples saqueos a nivel nacional, principalmente en el estado Zulia”.
No duda Prato en señalar que “la carencia de electricidad en Venezuela es por falta de gerencia de operaciones en los sistemas eléctricos de los generadores y los distribuidores unidos por un sistema troncal de transmisión. La planificación de estos sistemas permite la estabilidad de los voltajes”.
La propuesta
Para la organización Líderes Libres Derechos Humanos & Conservación Ambiental “se necesita un plan urgente de electrificación integral en diversas áreas de Venezuela”, que van desde la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en conjunto con la Electrificación del Combustible (Energéticos), más la Operadora de las Grandes Centrales Hidroeléctricas en Guayana y la suministradora de energía de las industrias del hierro y aluminio ubicadas en la Amazonía”.
Hace énfasis en que haya “voluntad de querer reparar la empresa Corpoelec con los cerebros eléctricos humanos para que pueda volver a operar el sistema interconectado creando la Oficina de Planificación (Opsis) a través de la nueva Cámara Nacional Venezolana de Industria Eléctrica (Canaveine)”.
Entre las medidas necesarias señala que “Venezuela necesita invertir en los equipos de generación, transmisión y distribución. Es necesario nuevo equipamiento en la planificación a mediano y largo plazo, para la potencia y la energía a 30 años en obras de generación y transmisión importantes, como pueden ser las hidroeléctricas y termoeléctricas a vapor. La construcción e instalación de estos equipos es de 4 a 8 años, según el tipo central”.
Al oriente
Prato Espinoza asegura que “una crisis de notables dimensiones está afectando a las industrias de Guayana, al suroriente de Venezuela y el sector aluminio no escapa de esa dramática realidad”.
“El colapso de la empresa eléctrica estatal Corpoelec es por la falta de mantenimiento, el desabastecimiento de combustible de las termoeléctricas, la corrupción en el área eléctrica, los bajos salarios de los empleados y la inexperiencia en el campo de trabajo eléctrico, así como también la fuga de cerebros, personal humano calificado que se fue del país por la crisis migratoria venezolana generada por Nicolás Maduro”.
El panorama se agrava porque “al cierre del primer semestre del 2019, y de los años venideros 2020, 2021 y de lo que va del año 2022 nada se ha rehabilitado en CVG Alcasa y aún no hay señales de una pronta reactivación de su producción, a pesar de que Nicolás Maduro prometió el reimpulso del Complejo Industrial”.
No deja de mencionar la inseguridad en la Amazonía venezolana “por la presencia de la guerrilla colombiana ELN, también del Frente de Guerra Oriental de Colombia y de grupos armados organizados (GAO) residuales. No olvidemos que la frontera entre Colombia y Venezuela está a solo 100 km de la mina de bauxita de Los Pijiguaos por la troncal 12, detectando la presencia de estas organizaciones terroristas en la parroquia Los Pijiguaos, en el campamento de CVG Bauxilum y en las comunidades cercanas”.
Está convencido Prato que esos grupos “son utilizados para mantener el miedo”, además de utilizarlos para otras actividades, “como la explotación y comercialización del coltán de manera irregular, en la zona de El Parguaza, municipio Cedeño del estado bolívar. El aislamiento natural de la mina, ubicada en el centro geográfico del país donde nace el aluminio, se debe atender de forma especial, para brindar un ambiente laboral amigable, seguro, y productivo”.
Cree que la prioridad es “evitar la deserción de personal valioso y adiestrado, es decir la fuga de cerebros. Todos estos determinantes sociales, que afectan al trabajador y su ambiente laboral, fueron establecidos como premisas, al momento de diseñar el proyecto minero Los Pijiguaos, a finales de los 80, y se ha perdido en la última década, ocasionando también la pérdida de los servicios públicos, bancos comerciales, puntos de ventas, comercios, agricultura y ganadería”.
Notiespartano/FronteraViva
