Un operativo con presos realizó la Guardia Nacional y la Policia Nacional Bolivariana para lo que tomo las instalaciones del colegio San Agustín, ubicado en El Marqués la madrugada del martes 28 de noviembre.
El objetivo fue usar sus espacios para ordenar e ingresar a los privados de libertad al centro de detención preventiva de la PNB ubicada en Boleíta, conocida también como Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
El conteo de presos ocurrió mientras había presencia de niños y adolescentes en la institución educativa. Según la información de los mismos representantes, el colegio no les notificó del operativo en las instalaciones del colegio. Edwin Parra, padre de un estudiante de la institución, dijo a VPI TV que se enteraron del operativo a través de las redes sociales.
Al menos 150 presos y 300 funcionarios policiales se ubicaron en las áreas deportivas de la institución que ofrece educación a más de 2.000 estudiantes. Al enterarse de la situación, los padres y representantes fueron a buscar a sus hijos al colegio.
Derechos de los niños vulnerados y expuestos a riesgos
Los especialistas coinciden en que este operativo representó un riesgo para los estudiantes del plantel. Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de Criminología, calificó el hecho como una «total irregularidad» y aseguró que estuvo al margen de los procedimientos establecidos.
«No se puede tomar un colegio donde hay niños, profesores y toda una comunidad educativa para organizar presos que van a ingresar a una comandancia policial. Hay reglas y protocolos para los traslados e ingresos de presos, pero ninguno incluye la utilización de las instalaciones de un colegio para albergar presos», dijo Izquiel a TalCual.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que es inaceptable que este operativo se haya realizado en un colegio con niños y sin previo aviso a los padres. Además, aseguró que esto es una muestra de la desorganización que existe en el sistema de privados de libertad en todo el territorio nacional.
Durante el traslado y conteo de presos se pueden presentar diversas situaciones riesgosas. En este caso los niños, adolescentes y docentes de ese centro educativo estuvieron expuestos a un gran peligro.
«Esos niños tuvieron expuestos a cualquier situación riesgosa que se puede presentar cuando se traslada a un gran número de presos: tiroteos, fugas etc.. Fue una gran irresponsabilidad», precisó Izquiel.
El OVP aseguró que los organismos policiales y militares no velaron por el interés superior del niño. «Resulta alarmante que por ignorancia o impericia de los funcionarios que llevan a cabo este improvisado operativo se cause un daño irreparable en los alumnos del colegio San Agustín. Es así como queda demostrado que el interés superior del niño queda por el piso», escribió la organización en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, este hecho representa una amenaza para la integridad y seguridad de la comunidad educativa y es «un grave precedente que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo».
Trapani, a través de la red social X, aseguró que por ningún motivo los organismos policiales y militares pueden utilizar las instalaciones educativas para realizar operativos y tampoco «para el registro o permanencia de personas que se encuentren bajo investigación y custodia policial o militar».
Asímismo, desde Cecodap exigen al Ministerio Público que inicie una investigación para identificar a los responsables y aplicar las sanciones que sean necesarias.
Procedimiento fuera de la norma
De acuerdo con el periodista de sucesos Román Camacho los privados de libertad provienen de las cárceles que fueron intervenidas durante la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro.
Izquiel aseguró que este traslado de detenidos a la Zona 7 tiene problemas de fondo debido a que no hay espacios para albergar a los reclusos de las cárceles intervenidas. La última toma fue la del Internado Judicial de Trujillo.
«El gobierno ha venido cerrando cárceles sin tener alternativas de solución. Cierran cárceles sin tener infraestructuras alternas y tienen que utilizar los calabozos o estaciones de policías como penales paralelos. Este es el caso de la denominada Zona 7, que queda al lado del colegio San Agustín de El Marqués», dijo.
En este punto coincide el OVP al resaltar el hacinamiento de más de 400% en los centros de detención preventivas y lo calificó como una «afrenta a la dignidad humana».
«Es necesario garantizar condiciones dignas, considerando que el art. 44 de la CRBV establece que los detenidos no pueden permanecer en estos espacios por una lapso mayor a 48 horas», recordó el observatorio.
Rocío San Miguel, abogada y presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, calificó el hecho como «grave» y aseguró que el Comando de Zona de la GNB 43, ubicado en la bajada de Tazón, podía haber sido utilizado para este procedimiento, en lugar del colegio San Agustín.
Hasta el momento en el que se publica esta información la Fiscalía ni otra institución del Estado se ha pronunciado públicamente sobre este operativo con reclusos en el colegio San Agustín.
Román Camacho informó que jueces de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes se presentaron en el colegio San Agustín durante la mañana de este martes debido a la difusión de la información sobre la presencia de privados de libertad en el colegio. De acuerdo con el comunicador, la directiva del colegio se rehusó a atender a los funcionarios judiciales drante la mañana y los recibió en horas de la tarde. La visita tendría como objetivo «garantizar» que no se violentaron los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante el operativo.
Notiespartano/TalCual
