En teoría económica, el gasto público debe ser el motor que impulse el crecimiento. Sin embargo, en Venezuela, la desarticulación entre los planes de inversión y la ejecución real ha frenado este potencial.
Hoy, la calidad del gasto no es solo una meta técnica, es una obligación ética: cada recurso debe ser utilizado con eficiencia para generar el mayor beneficio social posible y devolverle la confianza al ciudadano.
La mala asignación de fondos no solo estanca la economía, sino que perpetúa la pobreza. Para revertir esto, la descentralización es innegociable. Solo permitiendo que el poder de decisión y la gestión de recursos se acerquen a las regiones, podremos garantizar que la inversión llegue realmente a los sectores más vulnerables en áreas críticas como salud y educación.
Un Estado de Derecho exige que todo acto público esté sometido a la Ley. El sistema presupuestario venezolano está blindado por la Constitución Nacional (Arts. 311 al 315) y la Constitución del Estado Nueva Esparta. Estas normas establecen que los ingresos deben ser suficientes para cubrir los gastos y definen claramente la autonomía de los estados (Arts. 159 y 164).
Ignorar estas disposiciones es un atentado contra la Norma Suprema. El «Caso Nueva Esparta» es una alerta: sin autonomía financiera y sin respeto a la arquitectura legal del país, es imposible alcanzar la estabilidad política y el desarrollo sostenible que nuestra gente merece. El cumplimiento de la ley no es opcional; es el único camino hacia el progreso.
Prof.MorelRodríguezAvila
