El Gobierno de Nicaragua informó este miércoles que ha elevado una queja ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos.
«Dejamos muy claro nuestras posiciones sobre cambio climático, justicia climática, sobre temas económicos, (y) sobre las agresiones que del imperio (EEUU) llegan, siguen llegando, a tantos pueblos y Gobiernos», afirmó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, al anunciar la queja en medios oficiales.
Nicaragua, país objetado por parte de la comunidad internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos, denunció en Buenos Aires, donde se reúne la Cepal, los bloqueos, sanciones y medidas «ilegales» que sufren.
«Nicaragua históricamente ha resistido agresiones imperiales que se manifiestan en las llamadas sanciones que son ilegales, arbitrarias, unilaterales y que, como sucede con otros hermanos países, tienen el objetivo de ahogarnos económicamente, todo lo contrario de lo que se ha hablado en este periodo de sesiones», señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada.
Recientes sanciones
El lunes pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a Lenín Cerna, asesor del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en represalia por el encarcelamiento de presos políticos en el país centroamericano.
Según el Tesoro estadounidense, la Dirección General de Minas ha sido utilizada por el Gobierno de Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que EEUU impuso en junio pasado a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Además acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para «oprimir al pueblo nicaragüense» e incluso «apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia».
Estados Unidos también sancionó al asesor de Ortega, Lenín Cerna, considerado «un confidente cercano» del mandatario sandinista y de estar involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
Cerna, que ha sido sancionado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua, estuvo presuntamente implicado en el asesinato en 1979 del coronel Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza (1974-1979).
El Ejecutivo nicaragüense insistió en que esas sanciones, que desde 2018 afectan a Murillo y han dejado sin visa estadounidense a cientos de funcionarios nicaragüenses y sus familias, son «ilegales».
Desde 2018 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea han emitido sendas sanciones contra Murillo, familiares y allegados de Ortega, así como a instituciones estatales y funcionarios, a quienes responsabilizan de supuestas violaciones de los derechos humanos, abusos de poder y de socavar la democracia.
Notiespartano/800Noticias
