AngelCiroGuerrero
Morel Rodríguez, exgobernador del estado Nueva Esparta, presentará un nuevo modelo econométrico para la requerida reforma constitucional, en pro de una real, práctica, beneficiosa, equitativa del Situado Constitucional.
Morel no descansa. Su responsabilidad con Nueva Esparta es de siempre. No importa lo pesada que le sea tan importante responsabilidad. Él la viene enfrentando desde que escogió a la política como su misión de vida. En la cual ha encontrado, como respuesta, la atención, el apoyo y el agradecimiento del pueblo insular. Y también el de Venezuela. Ahora, ex gobernador, le corresponde impulsar, defender y promover la verdadera y requerida reforma constitucional.
El Situado Constitucional en Venezuela es un mecanismo de redistribución de la riqueza nacional establecido en el artículo 167 de nuestra Carta Magna. Funciona como una transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los estados y el Distrito Capital, con el objetivo de garantizar que todos cuenten con los medios suficientes para financiar sus competencias y responsabilidades. Su importancia radica en que busca compensar las desigualdades fiscales entre las regiones y asegurar un mínimo de recursos para la provisión de servicios públicos básicos, como salud, educación y seguridad, contribuyendo de este modo a la equidad territorial y al desarrollo social.
Sin embargo, el modelo actual de distribución, basado principalmente en la población, ha sido objeto de debates por generar desproporcionalidad en la asignación de recursos y no considerar factores como el nivel de vida por las características geoeconómicas de cada región. El actual sistema de distribución del situado constitucional, si bien busca la equidad, presenta limitaciones al basarse principalmente en la población. Esto genera desproporcionalidad, ya lo hemos dicho, donde estados con mayor población, reciben más recursos, sin considerar las necesidades reales de cada región.
Por lo tanto, y desde hace años, urge un sistema de distribución más justo, que responda a las diversas realidades socioeconómicas del país. No basta con repartir los recursos. Se debe asegurar que lleguen a quienes más los necesitan, considerando factores como pobreza, nivel de vida, capacidad de generación de ingresos propios y desafíos geográficos específicos. Solo así se logrará una verdadera equidad territorial donde cada estado cuente con los medios necesarios para impulsar su desarrollo y garantizar el bienestar de su población.
Cuando los estados tienen mayor autonomía para gestionar sus recursos y tomar decisiones acordes a sus realidades, se fomenta la eficiencia, la innovación y la participación ciudadana. Se deja de lado la visión centralista donde las decisiones se toman desde Caracas sn comprender las necesidades de cada región.
Un sistema de distribución del Situado que respete la descentralización y el federalismo, permitirá a los estados ser protagonistas de su propio desarrollo, impulsando proyectos que respondan a sus necesidades y potencialidades, y generando un impacto cierto en la vida de sus ciudadanos.
La descentralización y el federalismo son pilares fundamentales para el desarrollo regional en Venezuela. Nadie puede dudarlo. No se trata solo de un discurso político, sino de principios que, aplicados correctamente, empoderarán a las regiones y permitirán un desarrollo más armónico y justo. El modelo actual, de distribución del Situado Constitucional, de acuerdo al artículo 167, establece que, de los ingresos ordinarios, los estados anualmente recibirán del fisco nacional, un máximo de un 20% de los ingresos.
Este monto se va a los estados y al Distrito Capital siguiendo una fórmula fija: 30% de manera igualitaria, a las entidades federales, sin importar su población, necesidades o capacidad de generación de ingresos propios; y un 70% proporcional a la población de cada estado, lo que significa que las entidades con mayor número de habitantes reciben una proporción mayor del Situado.
El modelo actual, si bien es cierto busca la equidad, presenta una serie de limitaciones que genera desproporcionalidad en la asignación de recursos; prioriza la población en un 70%, pero no considera las necesidades regionales, en cuanto a nivel de vida, pobreza y capacidad de generación de ingresos propios y desafíos geográficos específicos… Además, limita la autonomía, y la fórmula fija restringe la capacidad de los estados para gestionar sus recursos y definir sus prioridades de desarrollo, contradiciendo los principios constitucionales de descentralización y federalismo.
Por la importancia de este proyecto, el Nuevo Modelo Econométrico, como una alternativa válida constitucional necesaria, lo analizaremos en cuatro entregas, discriminando en cada una la visión y misión correspondiente al que será un cambio radical en la administración pública venezolana.
Notiespartano.com/AngelCiroGerrero
