La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela entregó este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un reporte actualizado sobre las “violaciones de derechos humanos en el país”.
Los expertos subrayaron que, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía por parte de Delcy Rodríguez, “no hay datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número de los denominados presos políticos”.
La Misión calificó las estadísticas gubernamentales sobre excarcelaciones como «inconsistentes y no verificables». Además, los relatores aclararon que “toda ley de esta naturaleza es un instrumento positivo, no obstante, la ley no establece una amnistía general”.
El organismo denunció que la normativa “fue adoptada en un plazo acelerado, lo cual impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo; no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos”.
Añadieron que el texto “no contempla procesos transparentes e integrales, investigaciones independientes ni mecanismos de búsqueda de la verdad”. La Misión tildó el alcance legal como “arbitrariamente restrictivo, limitándose a delitos y no a otros ilícitos”.
Según el reporte, “la amnistía excluye a un gran número de personas detenidas por presuntas acciones armadas o de fuerza contra la soberanía e integridad territorial del país”, acusación común contra militares y civiles.
Las autoridades judiciales liberaron a 247 personas bajo esta ley entre febrero y marzo, mientras que otras 7.407 recibieron libertad plena por falta de registros. Sin embargo, cientos de ciudadanos permanecen en prisión.
La lista de espera incluye a 76 extranjeros o personas con doble nacionalidad. La Misión exigió que “todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de forma incondicional”, sin importar si entran en la Ley de Amnistía.
El documento registra al menos 87 arrestos nuevos tras el 3 de enero, incluyendo a 14 comunicadores y 15 menores. También figuran 30 funcionarios del CICPC y sus parientes por negarse a falsear pruebas sobre el ataque militar.
Los investigadores señalaron que grupos civiles armados operan todavía, mientras activistas y académicos sufren “hostigamiento, intimidación y ataques”. La Misión pidió derogar o reformar la Ley del Odio y la de Financiamiento de las ONG.
El equipo solicitó a las autoridades “permitir el acceso pleno al país como una expresión de transparencia y colaboración”. En contraste, el Gobierno de Venezuela descalificó el informe y definió a la Misión como un “negocio político”.
El Ejecutivo argumentó que “Venezuela representa el 37,3% del presupuesto total de todos los mecanismos impuestos contra países sin su consentimiento”, sugiriendo que el fin es financiar una “narrativa de agresión permanente”.
La administración de Rodríguez describió al grupo como una “pseudo misión” que “sirve a intereses políticos y no a la protección de las víctimas”. Finalmente, el Gobierno aseguró que el país se mantiene en “paz”.
Notiespartano.com/Sumarium
