LOS PROCÓNSULES DEL IMPERIO
El pasado 25 de abril se realizó en Bogotá, Colombia, la “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela”, reunión de alto nivel convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que participaron delegaciones de 19 países y la Unión Europea. En el cónclave estuvieron presentes representantes de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Turquía y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell.
Esta importante conferencia estuvo precedida de varios encuentros entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia y Nicolás Maduro, de Venezuela, así como de varias visitas del canciller colombiano, Álvaro Leyva a Venezuela, en las cuales se reunió con representantes del alto gobierno venezolano, y de la oposición antichavista agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática.
Además, de una reunión del jefe de estado colombiano con la representación del sector opositor venezolano de la Plataforma Unitaria Democrática, el 22 de abril en Bogotá.
No había transcurrido ni una semana, las cancillerías de los gobiernos participantes en la conferencia de Bogotá, apenas comenzaban a afinar su postura frente al relanzamiento del caso venezolano al escenario internacional y a evaluar su manera de colaborar con el reinicio de las conversaciones en México, entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, cuando sorpresivamente se produjo una decisión que sin duda entorpece el proceso y coloca en entredicho la sincera vocación de diálogo de la PU.
El primero de mayo, luego de que la Corte de Justicia de Delaware, autorizó a los acreedores de deuda venezolana a embargar la empresa venezolana CITGO Petroleum Corporation, el gobierno de los EEUU, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la licencia general número 42, en la cual autoriza a los ex diputados de la Asamblea Nacional de 2015, pertenecientes a la oposición venezolana de la PU, a realizar transacciones relacionadas con negociaciones de deuda del Gobierno de Venezuela, Pdvsa o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%.
La sorpresa fue aún mayor en Venezuela y el mundo, porque apenas 5 días antes, tres funcionarios de la más de la absoluta confianza del presidente Joe Biden y del más alto nivel de su gobierno; Cristopher Dodd, su asesor especial para las Américas; John Finer, viceconsejero de Seguridad Nacional; y Juan Ramón González, director para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, habían participado activamente en la “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela”, realizada en Bogotá.
Por supuesto, esta decisión fue categóricamente rechazada por el presidente Nicolás Maduro, quien la calificó como «un descarado intento de robo» de Citgo y por la directiva de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), la cual advirtió que todo acuerdo que hagan los acreedores de la estatal petrolera bajo la licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “es nulo e ilegal bajo las leyes” venezolanas.
Pero el asunto no quedó allí, de acuerdo con un fallo judicial del 3 de mayo, el juez federal del Distrito de Columbia, Randolph Moss, autorizó el decomiso y traslado a Estados Unidos del avión de la estatal venezolana Emtrasur retenido desde junio de 2022 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Argentina.
Y para rematar, el 4 de mayo, el Departamento de Estado de los EEUU, decidió que la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, tenga acceso a cuentas bancarias con aproximadamente 347 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos de Estados Unidos.
En menos de diez días luego de la “Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela”, realizada en Bogotá, los EEUU aprobó tres decisiones, que juntas y por separado son una clara violación de la soberanía de nuestro país y van en contravía del derecho internacional.
Lo de Citgo no es nuevo, desde hace mucho tiempo los gobiernos de los EEUU y las corporaciones petroleras con influencia determinante en sus decisiones, le tienen “ganas” a Citgo.
Pero lo peor que como venezolano uno se pueda tropezar, es con la deliberada intención de un grupo de nacionales, que con la coartada de la política y con el único propósito de enriquecerse actúen en beneficio de un gobierno extranjero, para despojar a la república de sus bienes en el extranjero.
Sin duda alguna, esta es la más bochornosa de las actuaciones de esta antinacional oposición política de la PU. Le “obsequiaron” Citgo Petroleum Corporation al gobierno de los EEUU y a los principales consorcios petroleros de ese país. Jamás nadie podrá borrar de nuestra historia este episodio de entrega y sumisión. Podrán adornarlo de todos los colores, pero en la transparencia de la vida real se podrá mirar nítidamente la marca de una canallada que con la excusa de la política entregó Citgo, empresa propietaria de un importante número de refinerías de petróleo y comercialización de gasolina, lubricantes y petroquímicos de Venezuela en los EEUU.
Sobre la última decisión de la OFAC, la extinta Asamblea Nacional de 2015 publicó este 6 de mayo un comunicado fijando posición:
“Como consecuencia del avance del proceso de ejecución de la sentencia del caso CRYSTALLEX la protección otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos ha cambiado a través de la reciente Licencia No 42 que dispone que los acreedores extranjeros que invocan la tesis del ´alter ego´ sí pueden cobrar sus acreencias actuando en contra de CITGO después de cumplirse con un eventual proceso de negociación que involucre y vincule a la República de Venezuela.
Por lo que en este sentido, la Asamblea Nacional señaló que la responsabilidad de formular y ejecutar la estrategia de negociación con los acreedores extranjeros corresponde a la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela, agregando que el Parlamento legítimo ´emplaza a la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela a actuar sin dilaciones para preservar la propiedad de CITGO y para que busque soluciones que no pongan en riesgo la integridad de dicho activo del Estado venezolano en el extranjero´.
Finalmente, el legítimo Parlamento Nacional hizo un llamado al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que mantengan la protección, amplia y suficiente, que garantice la búsqueda de soluciones que no comprometan la integridad de CITGO y aseguren que esta continúe siendo propiedad del Estado venezolano”.
Bueno pues, el que tenga ojos que vea, lo venimos afirmando desde antes de las mega elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre 2021, cuando el entonces G4, hoy refundado como PU, comenzó a transitar sin explicación alguna, ni propósito de enmienda, ni mucho menos solicitando excusas al pueblo venezolano por los “errores cometidos”, por la vía “electoral, pacífica y constitucional. No estamos convencidos que sean todos, ni siquiera la mayoría de los sectores que se agrupan en esa plataforma política, quienes estén plenamente convencidos de la ruta democrática.
Buena parte de ellos transitan por ese camino forzados por las circunstancias, aguardando la oportunidad de virar nuevamente hacia la política del “Fast Track”, durmiendo con un ojo abierto para no dejar de ver cualquier señal que les envíen sus jefes políticos desde los EEUU de Norteamérica. Me refiero a quienes detentan la nada honrosa distinción de procónsules del imperio.
TIP EN SU TINTA
LA SALIDA COMPLETA
El 5 mayo de 2019, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, publicó en sus redes sociales y en algunos medios impresos de circulación nacional y regional, un documento titulado “La Salida Completa”, promoviendo una “línea política” totalmente diferente de la que hoy dice estar convencida.
El pasado viernes se cumplieron 4 años de la publicación de este documento y, por lo menos que yo sepa, la hoy precandidata presidencial no se ha retractado de una sola línea de lo afirmado en esa oportunidad:
“Los venezolanos sabemos la responsabilidad histórica que tenemos en estas horas. La derrota de la tiranía aquí instalada no solo marcará la vida de millones de venezolanos, muchos de los cuales aún no han nacido, también, será crucial para el destino de otros países de nuestro hemisferio, empezando por Colombia, el próximo país en la mira de este Estado criminal.
Por eso, desalojar al régimen de Maduro del poder con urgencia es tan importante, como la profundidad y el alcance de ese cambio. Tenemos claro que no basta con sacar a Maduro, hay que arrancar de raíz los tentáculos de las redes criminales que han penetrado en todos los órganos del Poder Público y de la sociedad venezolana.
Ésta es la gran diferencia con la derrota de una dictadura tradicional. En un Estado criminal no basta con sacar al dictador y a su entorno autoritario, hay que desmontar las redes de financiamiento ilegal transnacional, demoler sus pilares de sustento dentro del sistema y expulsar hasta el último criminal extranjero del territorio venezolano.
Por supuesto que un proceso de esta complejidad y envergadura no ocurre de un día para otro, y requerirá de significativa asistencia tecnológica, financiera y operativa por parte de nuestros aliados democráticos externos, que saben que liberar a Venezuela de las garras de las redes criminales y antioccidentales del mundo es una prioridad para la seguridad hemisférica.
Aunque esta tarea requerirá meses y le corresponderá finiquitarla al gobierno democrático electo en la Transición, la conformación de este gobierno interino será decisivo para que el cambio en Venezuela sea real y definitivo, y no sólo un reacomodo superficial y temporal.
Ante la desesperación por lograr que Maduro se vaya, algunos pueden verse tentados a aceptar cualquier arreglo que consista en deshacerse de Maduro y establecer un pacto con sectores del régimen cuyos expedientes criminales están comprobados. ¿Es concebible cogobernar con miembros del Cártel de los Soles? ¿O con integrantes de las organizaciones que realizaron las transacciones financieras más obscenas de la historia como las notas estructuradas, los dólares preferenciales o los bonos ilegales de la República? ¿Es posible sentar las bases de la Transición democrática con los más poderosos juristas del crimen, con perpetradores de crímenes de lesa humanidad o con los jefes de bandas paramilitares?
Creer que individuos comprometidos hasta los tuétanos con la mafia mundial van a facilitar un proceso de Transición cuyos pilares son la justicia y el fin de la impunidad, la honestidad y el reintegro de los recursos robados, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, el libre mercado y el fin del intervencionismo estatal; es profundamente ingenuo e irresponsable.
Tenemos demasiado cerca y demasiado vivos los errores de Nicaragua para no entender que, si allá el sandinismo regresó en pocos años, aquí en Venezuela, si no se desarticulan de raíz y desde el principio estas redes criminales, llenas de plata y vínculos internacionales, en un plazo mucho menor estarán de vuelta ocupando todos los espacios de poder.
Un Gobierno de Transición debe ser muy amplio política y socialmente, incluir a todos los sectores de la Nación y demostrar grandeza, firmeza y humildad. Pero este Gobierno de Transición debe significar una ruptura con el crimen y la corrupción de manera radical, o no contará con la confianza de los venezolanos.
En estos 20 años de lucha épica hemos aprendido y crecido admirablemente como ciudadanos y como sociedad. Hemos entendido que se trata de una conquista existencial y espiritual. Los errores que hemos cometido, subestimando la crueldad y complejidad del sistema, han significado la prolongación de la agonía, y el régimen nos los ha cobrado con muertos. Ya no más.
Avanzamos en la ruta del coraje, de la liberación definitiva de Venezuela. Estamos cerca, concluyamos con fuerza la tarea completa”.
Los venezolanos queremos saber si María Corina Machado se propone aplicar esta política de “tierra arrasada” en Venezuela y “exterminar” a todos los chavistas que en este país habitan.
No es poca cosa lo que está en juego en los días por venir y las elecciones presidenciales del 2024, pueden marcar la ruta definitiva de cómo vamos a resolver los venezolanos nuestra compleja situación política. Si lo hacemos en paz o nos conducen por los caminos de la violencia.
Son muchas las interrogantes; el diálogo de México, las primarias de la oposición, las medidas coercitivas unilaterales, la verdadera vocación democrática de la Plataforma Unitaria, entre muchas otras.
Los venezolanos merecemos que nos digan la verdad.
TIP REFLEXIVO AL CIERRE
Como dijo el ex presidente argentino Arturo Umberto Illia (1963-1966), quien logró en su mandato antes de ser derrocado por un golpe de estado, que las Naciones Unidas reconocieran la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas de Las Malvinas: “¡NO LE TENGO MIEDO A LOS DE AFUERA QUE NOS QUIEREN COMPRAR, SINO A LOS DE ADENTRO QUE NOS QUIEREN VENDER!”.
JoséGregorioRodríguez/[email protected]
