DE LOS PETRO ESPÍAS A LA CRIPTO- PDVSA
Según se lee en el Diccionario de la Corrupción (1979-1984), poco después de la medianoche del 22 de agosto de 1983, el entonces presidente Luis Herrera Campíns, fue notificado por su ministro de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, que se había descubierto un grupo organizado de espías infiltrados en los departamentos de comercialización internacional de PDVSA y sus filiales; Lagoven, Maraven y Corpoven, quienes pasaban información confidencial sobre precios de venta de hidrocarburos y su estrategia de colocación. La emergencia se produjo porque al ministro le confirmaron que la noticia se filtró a la prensa y reventaría el escándalo al amanecer.
Resulta que en el limpiaparabrisas del automóvil del periodista Ricardo Márquez, de Últimas Noticias, “aparecieron” unos documentos con la denuncia, fechados ambos el mismo 22 de agosto. Uno de los documentos era la carta-denuncia enviada al contralor general, Manuel Rafael Rivero, por Carlos Eduardo Padrón Amaré, representante judicial estatutario de MARAVEN.
El otro documento, la remisión de la denuncia al director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, José Gabriel Lugo, por parte del contralor Rivero, para evitar la posible salida del país de los responsables. La denuncia de Padrón Amaré al Contralor, explicaba que se trataba de varios ejecutivos de la casa matriz y de algunas empresas operadoras, quienes trabajaban en los departamentos de comercialización de productos blancos y negros para la exportación y estaban conectados con exfuncionarios de la industria, y personal que operaba en compañías vinculadas al negocio petrolero, para realizar espionaje en perjuicio de la nación y para su lucro personal. Según la denuncia, los “espías” estaban en posesión de bienes que notoriamente sobrepasaba su “riqueza presunta”.
La Policía Técnica Judicial (PTJ), con la autorización de la Dra. Orfelina Bastardo Morán, a la sazón juez decimoquinto de Primera Instancia Penal y de Salvaguarda, dispuso localizar y arrestar a Eduardo Curiel Alcalá, Antonio Matías Szabo Vamos, Oscar Emiro Bastidas Hernández, Rafael Hernán Rojas Leal, Joe Thaggard Hill, Manfred Kruger, Guillermo Guariguata Urbano, Ricardo Sánchez Cássidy, Olaf Halvorssen Helium, Atilio Brillembourg Rohl y otras personas. Algunos escaparon a la redada policial y varios se encontraban en el exterior.
Por la incautación de 28 cintas grabadas, se supo que Ramón Eduardo Curiel Alcalá, subcoordinador de comercio internacional de PDVSA, se enteró de la acción que estaba ejecutando Maraven y alertó al grupo. La llamada de alerta general, transmitida en clave y en inglés, permitió escapar a los involucrados más importantes; Manfred Kruger, Olaf Halvorssen y Atilio Brillembourg.
Entre otros implicados en el caso de los petro espías aparecen; Jean Lacombe, Oswaldo Francione Breviario, Jacobo Keyfess, Antonio Tepedino Raven, Carlos Alfredo Blanco Ferré, Juan Carlos Gómez y Fernando Octavio Márquez Rodríguez.
La revelación de la prensa sobre el presunto espionaje en la industria petrolera produjo revuelo en los círculos políticos del país. En el Congreso Nacional, donde ya se había investigado a la industria, existía la impresión de que los espías no actuaban a nivel internacional, entre otras razones porque EEUU, Gran Bretaña y Alemania tenían a su propia gente infiltrada abiertamente en la industria petrolera nacional a través de los contratos de asesoría tecnológica que seguían prestando compañías extranjeras a la industria venezolana nacionalizada. En los medios políticos, entonces, existía más bien la sospecha de que los petro espías habían estado transmitiendo desde 1975, fecha de la nacionalización de la industria petrolera, informes privados a empresas locales que, sin mayor esfuerzo, obtenían licitaciones y contratos de PDVSA y sus empresas filiales, pero no se consideraba probable qué los espías tuviesen conexiones internacionales. La nueva denuncia, sin embargo, era contundente respecto a la asociación de los funcionarios petroleros con empresas extranjeras y con respecto a la posesión de bienes, por parte de los implicados, que no se correspondían con sus posibilidades económicas.
Según estimaciones de analistas independientes, el monto aproximado de lo obtenido por los petroespías en esa época, superó los mil millones de dólares.
Lo cierto del asunto es que este caso se “diluyó” en el tiempo y de los casi 20 funcionarios señalados en las investigaciones, entre hábeas corpus, sentencias revocadas, “fugas” y demás “escapatorias judiciales”, fueron pocos los que estuvieron detenidos algún tiempo.
Según dice el Diccionario de la Corrupción (1979-1984), “la moraleja de esta historia es que, aunque no conozcamos nunca la realidad del espionaje petrolero, podemos estar seguros de que los más débiles han pagado por ello. De todos los implicados, sólo cuatro estuvieron detenidos varios años. De todos ellos, el norteamericano Joe Thaggard, el más nuevo y pequeño en todo el asunto, recibió el mayor escarnio hasta el punto que el expediente de todos los implicados se llama en el TSS y en los Informes de Fiscalía: Caso Thaggard y otros».
Cuarenta años después (1983-2023), revienta el escándalo que provoca la renuncia del ministro de petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, cuando un grupo de funcionarios vinculados a la industria petrolera aparecen implicados en una trama de corrupción que pone a prueba la capacidad de asombro del pueblo venezolano, la credibilidad de sus instituciones y su capacidad, eficacia y determinación, para combatir el flagelo de la corrupción.
Sólo que en esta oportunidad, es el jefe del Estado y presidente constitucional de la república, Nicolás Maduro Moros, quien asume la conducción del proceso de denuncia e impulso de las iniciativas investigativas, policiales y judiciales, quien devela varios casos de corrupción, entre los cuales destaca el desvío de fondos de la factura petrolera, para enriquecer a un grupo de funcionarios corruptos, que disfrazados de revolucionarios, defraudaron la confianza de quienes los promovieron y especialmente del pueblo venezolano. Igualmente, se conocieron unos casos de corrupción en el poder judicial, que provocaron la detención y actual procesamiento de un par de altos magistrados judiciales. Finalmente, el alcalde de la población de Las Tejerías, en el estado Aragua, fue detenido por su complicidad con una poderosa banda delictiva del hampa común que actúa en los estados centrales de Venezuela.
El pasado sábado 25 de marzo, el fiscal general, Tareck William Saab, ofreció detalles sobre la más reciente trama de corrupción en la industria petrolera por la que 10 altos funcionarios y 11 empresarios fueron detenidos. El funcionario confirmó que aparecen involucrados la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), e implicó “operaciones paralelas” con cargas de crudo en buques, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación.
El máximo representante del Ministerio Público afirmó que, “una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA, ahí es donde estamos viendo el daño patrimonial, la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos, estamos viendo de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron (…) la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y demostrando un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”.
El fiscal añadió que se captaba a jóvenes para incluirlos en la red de lavado de activos y que estos eran premiados “con una vida desmedida suntuosa, ilegal y criminal”. Los detenidos serán imputados por apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación. A los funcionarios públicos, además, se le sumará el delito de traición a la patria.
Saab precisó que diez funcionarios y once empresarios fueron detenidos por la trama de corrupción. Los funcionarios son: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y a quien señaló como “jefe principal” de la estructura de corrupción; Joselit Ramírez Camacho, ahora ex superintendente de la Sunacrip; José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Oduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior; Rajiv Alberto Mosqueda y Reny Gerardo Barrientos, funcionarios de la Intendencia de Minería Digital.
Además, aparece involucrado como protagonista principal en esta trama de corrupción, Hugbel Roa, quien según explicó el fiscal, usaba su condición de diputado de la Asamblea Nacional, para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban, a quien calificó como “uno de los más desfachatados de la banda criminal”. También estaría vinculado a una red de prostitución de mujeres jóvenes. Las mismas serían una suerte de «prostitutas premiun» para clientes de alto nivel.
Los empresarios imputados son; Manuel Meneces, a quien identificó como operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Roger Martínez, “coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados”; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, “hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar capitales”; Daniel Prieto, “empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional que fue detenido en República Dominicana; Cristopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernando Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres. “Todos vinculados a esta red de corrupción, con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales, se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde que Hugbel Roa era ministro de Alimentación”.
Todos los casos de corrupción son detestables y merecen nuestra más enérgica condena. Absolutamente todos deben ser investigados y castigados con severidad. Si toca reformar los instrumentos legales para actuar con mayor contundencia, pues que así sea.
Lo que no puede ser es que mientras la inmensa mayoría del país sufre el rigor de las restricciones económicas producto del brutal paquete de medidas coercitivas unilaterales que se aplican contra Venezuela, un grupito de funcionarios públicos, dirigentes políticos y empresarios de maletín, se “chuleen” al país y dispongan indebidamente de los recursos que deben ser utilizados para la resolución de los problemas más ingentes de los venezolanos, entre otros, el tema salarial.
En estos últimos 40 años también aparecen, entre muchos otros casos de corrupción en la industria petrolera venezolana, la reprobable gestión de una década del ex ministro Rafael Ramírez (2004-2014), quien ahora pretende dictar cátedra de moralidad acusando a diestra y siniestra, utilizando el viejo truco de gritar “al ladrón, al ladrón” y hasta el cheque que para constituir el partido político de oposición Primero Justicia salió de PDVSA en 1998, gestionado por la madre del señor Leopoldo López, quien nuevamente se quitó la careta y se presentó este martes 28 de marzo ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, liderado por Bob Menéndez, reclamando “repensar las sanciones” contra Venezuela, argumentando que “no son una panacea, sino el medio para un fin”.
TIPS EN SU TINTA
MÁS SANCIONES
El líder fundador de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, participó este martes 28 de marzo en Washington D.C, en una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que preside Bob Menéndez. Afirmó que la situación que vive Venezuela no es por culpa de las sanciones, pero contradictoriamente pidió profundizarlas. ¿Si la mala situación económica no es por culpa de las sanciones, porque pedir más para agudizar el sufrimiento del pueblo venezolano?
LEOPOLDO EL “CAPITÁN AMÉRICA”
La intervención de López en el senado de los EEUU, no quedó allí, además reclamó mayor apoyo de los EEUU a la oposición venezolana y aseguró que “no hay manera de ganar la lucha por la democracia y la libertad si la nación norteamericana no la lidera”. Se imagina el personaje “invadiendo” territorio venezolano a bordo de un barco de la Armada de USA. Siempre buscando excusas para esconder su incompetencia política ¿será que los estadounidenses todavía les creen?
NI APRENDEN NI OLVIDAN
Definitivamente este sector de la oposición del cual forma parte Leopoldo López, “ni aprende ni olvida”. Ahora resulta que según el personaje afirmó en el senado de los EEUU, “Maduro se mantiene en el poder, por el apoyo internacional que tiene por parte de enemigos de Estados Unidos: Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Cuba”. Es la política “necio”.
¿QUIÉNES SON?
El pasado 20 de marzo, la Comisión Nacional de Primarias (CNP) de la oposición, informó que “fueron designados los integrantes de las 24 Juntas Regionales que acompañarán el proceso de la primaria en todas las entidades federales y lo acercarán a todos los venezolanos”. Han pasado 10 días desde ese anuncio y nada que precisan los nombres. Salieron ese día 20 con un anuncio incompleto, para justificar lo establecido en el cronograma elaborado por ellos mismos. Aun así, salieron un día después.
INCUMPLIMIENTO
La verdad es que el “cronograma de primarias” no cumplió con el lapso establecido para este primer paso. Habían señalado que la designación y juramentación de las juntas regionales de primarias, sería del 28 de febrero al 19 de marzo. Siguen los problemas.
AN-2015
Mientras tanto la oposición agrupada en el G3, continúa pertrechada en la extinta AN del 2015, donde ostentan todos los cargos directivos este “grupo de amigos”. Presidenta: Dinorah Figuera (Primero Justicia), primera vicepresidenta: Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y segunda vicepresidenta: Auristela Vásquez (Acción Democrática), buscando dólares para financiar esa entelequia y sostener el elevado nivel de vida de la cofradía de exparlamentarios. Después del lobby reglamentario, mejor conocido como “turismo parlamentario”, la señora Figuera, quien vive en Madrid, anunció desde Washington, que se habían conseguido los primeros “dolaritos”.
49 MILLONES USD
La Comisión Delegada Legislativa, “parapeto” que un sector de la oposición y el gobierno de los Estados Unidos reconocen como la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, aprobó un presupuesto de funcionamiento de algo más de 49 millones dólares para el 2023. Aunque el secretario de esta instancia, José Antonio Figueredo Márquez, dijo que el monto total “será destinado al presupuesto especial de gastos de la Asamblea Nacional para el año 2023”, pero inmediatamente Dinorah Figuera, le “enmendó la plana” y aclaró que se usará para cubrir todos los programas del “Fondo Para la Liberación de Venezuela” (FLV).
FLV
El Fondo Para la Liberación de Venezuela, se constituye en el presupuesto de funcionamiento de la AN-2015 y otros “entelequias” heredadas del “gobierno interino”, como el Consejo de Administración y Protección de Activos, las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las representaciones diplomáticas que la oposición mantiene, aunque disminuidas, en algunos países.
¿DE DÓNDE SALEN ESOS “REALES”?
Los recursos que se dispondrán para este presupuesto pertenecen al Banco Central de Venezuela y están en una cuenta bajo custodia de la Reserva Federal de Estados Unidos a la que no tiene acceso el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, pero sí la oposición.
¿CÓMO SE REPARTEN?
El fulano FLV contiene varias partidas, entre las que destacan las de sueldos de los ex diputados, viáticos, pasajes y gastos de representación (en dólares) y la partida del programa “Defensa de la Democracia”, el cual dispondrá de 35 millones de dólares, que se distribuyen en bonos para los activistas de partidos políticos de oposición.
IMPUTACIÓN
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, publicó en twitter un video y una nota este martes 28MAR a las 10:15 p.m. dando cuenta del arranque de la audiencia de imputación de los detenidos por tramas de corrupción que involucran a funcionarios de PDVSA, Sunacrip, Jueces, ex diputados y empresarios, oportunidad en la que anunció que el Ministerio Público solicitará medida de privativa de libertad para todos los involucrados (Ver video).
#ARRANCA… audiencia de #imputación de l@s detenid@s por las tramas de #corrupción que involucran a funcionarios de PDVSA, Sunacrip, Jueces y empresarios: El @MinpublicoVEN #SOLICITARÁ PARA TOD@S PRIVATIVA DE LIBERTAD #MaximaJusticia pic.twitter.com/tGENx8l9uZ
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 29, 2023
LO QUE ES IGUAL NO ES TRAMPA
¿Será que algún día veremos un video similar con los imputados por el saqueo a los dineros públicos, que un puñado de traficantes de la política perpetraron desde una “fachada” denominada gobierno interino para enriquecerse con los dineros de la nación?
TIPS DE MARGARITA, COCHE Y CUBAGUA
BARBAS EN REMOJO
El pasado 22 de febrero 2023, el jefe de la División de Criminalística Municipal Porlamar, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), remitió un oficio al ciudadano gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, solicitando autorización para que un funcionario de ese organismo, realizará experticias sobre la actuación de un grupo de ex funcionarios regionales, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Ministerio Público, entre quienes destacan el ex gobernador Alfredo Díaz y el ex procurador, Alejandro Canónico. Me cuentan fuentes regularmente bien informadas que pronto se conocerá el resultado de las investigaciones adelantadas sobre algunas actuaciones administrativas presuntamente “non sanctas” ocurridas en el gobierno regional anterior. “Cuando el río suena”.
PRIMERO JUSTICIA “HACE AGUA”
En la columna anterior les comenté con el subtítulo “Migración masiva”, que la directiva municipal de Primero Justicia en el municipio García, encabezada por su presidenta, Miroslava Rivas y la mayor parte de la militancia, renunciado públicamente a esa organización. Días después, sucedió algo similar en el municipio Maneiro (Pampatar), cuando el presidente de PJ en Pampatar, Jesús Vargas, junto con más de 50 militantes y dirigentes de base de esa organización, anunciaron que abandonan sus filas. Entre otros, dejaron su militancia en esa organización; el vicepresidente de organización, siete coordinadores políticos, el coordinador juvenil, varios jefes de comité de centros de votación, jefes de sectores y miembros de la estructura juvenil. Se hunde el barco.
CAPRILES EN MARGARITA
El precandidato presidencial de PJ, Henrique Capriles Radonski, visitó la isla de Margarita este 27 de marzo, acompañado por Tomás Guanipa, como parte de una gira nacional para promocionar su candidatura. Al ex diputado Jony Rahal, quien fungió como organizador de la visita, no se le ocurrió mejor idea que llevarlo a Villa Rosa, en el corazón del municipio García, donde apenas hace 15 días la expresidenta, toda la estructura dirigente y la mayor parte de la militancia en esa jurisdicción, renunciaron a esa organización. Nuevamente el inefable Rahal hace de las suyas, en el camino de destrucción de PJ en Margarita, Coche y Cubagua, que parece haber emprendido. Ni porque movieron militantes de todo el estado se vio mucha gente acompañando a Capriles en su visita ¿Qué pensará el recién designado presidente de PJ en Nueva Esparta, José Nicasio Narváez, alcalde del municipio Península de Macanao? Me dicen que no encuentra cómo hacer para quitarse de encima el peso muerto que significa Rahal.
JoséGregorioRodríguez/[email protected]
