Los tribunales de Venezuela están dando curso a los juicios de cobranza por deudas de condominio, una medida que, según abogados especializados en propiedad horizontal, se ha reactivado por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y representa una herramienta legal para enfrentar la morosidad en edificios y conjuntos residenciales.
El abogado Fernando A. León Poleo confirmó que estos procesos judiciales están en marcha en todo el país y pueden culminar en transacciones conciliatorias o en embargos y remates de inmuebles. “Representan un mecanismo de coacción efectivo para presionar el cobro”, afirmó, citando un caso reciente de embargo preventivo en el área metropolitana de Caracas.
León Poleo recomendó que las administradoras de condominio no dediquen más del 10% de sus esfuerzos a la cobranza directa, y que, tras tres meses de morosidad o el plazo que determine la asamblea, el caso sea transferido a un bufete jurídico.
Establecer un acuerdo de pago: Embargos y remates como última instancia
La abogada Marialejandra Parra subrayó que el proceso debe comenzar con un llamado a la conciencia del propietario moroso. “Debe acercarse a la junta de condominio y establecer un acuerdo de pago”, señaló. Aunque la cobranza no es la función principal de la administradora, debe iniciar gestiones a través de llamadas, correos o mensajes, y realizar un análisis del estado de cuentas para actuar con rapidez ante señales de alerta.
Si no se logra un acuerdo, el caso debe ser remitido a abogados, y el deudor deberá asumir los honorarios extrajudiciales correspondientes.
Cuando no hay voluntad de pago, el condominio puede acudir a los tribunales. Aunque la duración del proceso varía, Parra estima que podría tomar alrededor de un año, dependiendo de factores como la citación del demandado. “La consecuencia de este proceso es fatal para el deudor porque puede comportar la pérdida de la propiedad”, advirtió.
Si el tribunal dicta sentencia y el propietario se niega a pagar, se puede ejecutar un embargo sobre el inmueble para recuperar la deuda.
Para León Poleo, esta reactivación judicial demuestra “la efectividad del sistema para asegurar el pago de la deuda”, y representa un avance en la formalización de la propiedad horizontal en Venezuela.
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