Las cuatro asociaciones de jueces han mostrado este jueves su rechazo al “lawfare” o judicialización de la política que incluye el pacto firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, pues podría suponer la “intromisión en la independencia judicial” y la “quiebra de la separación de poderes”.
En un comunicado conjunto, las asociaciones reprochan la “desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial” que, en su opinión, se desprende de la referencia a una ley de amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de “lawfare”, es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.
Las asociaciones judiciales remarcan la independencia del Poder Judicial en España y aseguran que este “no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
Por ello, consideran que las expresiones que reflejan dicha “desconfianza” en la justicia “no son aceptables”.
Así, los jueces se oponen a un pacto que contiene “explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política”, que podrían dar lugar a “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, argumentan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Los fiscales, también contra el acuerdo entre PSOE y Junts
Las tres asociaciones de fiscales han expresado este jueves su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez al entender que ataca al sistema de separación de poderes.
La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido sendos comunicados para mostrar su oposición al acuerdo, como han hecho previamente las cuatro asociaciones de jueces, en este caso con un texto conjunto.
La Asociación de Fiscales ha advertido de que la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales “supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio” al Estado de derecho.
Y ha tachado de “inaceptable” el uso del término “lawfare”, relativo a la supuesta utilización de la Justicia para persecuciones políticas.
La UPF, por su parte, ha recalcado su “absoluto rechazo” a esas referencias a la judicialización de la política y ha tachado de “inadmisible” la creación de esas comisiones de investigación que “pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”.
El portavoz de la UPIF, Salvador Viada, también ha mostrado su oposición al acuerdo, “un golpe de gracia al sistema constitucional español”.
El PSOE recalca que no se van a revisar sentencias judiciales
El PSOE ha recalcado este jueves que su acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez no va a suponer la “revisión de ninguna sentencia o resolución judicial” en el Parlamento y ha mostrado su respeto a “la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes”.
Fuentes del PSOE han respondido así a las críticas unánimes de las asociaciones de jueces y de fiscales a ese acuerdo por entender que supone un ataque a la separación de poderes.
Los socialistas han explicado que cuando el acuerdo se refiere a “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura” alude a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso.
Es decir, a la reactivación de la comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la “Operación Cataluña” y al supuesto uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas y a una nueva comisión sobre el sistema de espionaje Pegasus.
“Lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de derecho”, ha apuntado el PSOE.
Así, los socialistas han dejado claro que “el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial”.
“El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, han insistido antes de subrayar que el PSOE “respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes”.
El CGPJ repudia el pacto entre PSOE y Junts
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado este jueves su rechazo “frontal” al acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque implica “una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”.
El CGPJ cree “inadmisibles” las referencias al “lawfare” o judicialización de la política que contiene el acuerdo y el anuncio “de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación” sobre resoluciones judiciales.
“Ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada”, expone el órgano de gobierno de los jueces.
Notiespartano/EFE