No fue sorpresa alguna, porque el régimen, todo el mundo sabe, está desesperado y, por tanto, actúa por la calle del medio, sin importarle ley alguna. Menos el qué dirán los gobiernos, democráticamente responsables frente a la orquestada inhabilitación de María Corina Machado, porque vendrán otras medidas, no se duda.
La Operación Furia tiene como objetivo sepultar lo imposible, es decir aniquilar a la oposición venezolana definitivamente. Lo triste, igualmente vergonzoso, es el modo en que los magistrados, así se llaman, hacen y deshacen en nombre de la justicia que se aplica, exclusivamente con la velocidad del rayo y ferocidad inaudita, para defender al régimen y atacar inmisericorde a la líder que la ciudadanía eligió su única candidata a la presidencia de la república.
El país, ya sin asombro, observa cómo se detiene a opositores que, acusados de inmediato de conspiradores, traidores a la patria y hasta de terroristas, sólo han dejado ver, valientemente, que no están de acuerdo con lo que le viene sucediendo a Venezuela en los últimos veinticuatro años.
La decisión del TSJ, del todo, es inconstitucional. Una sola prueba lo delata: No dejaron que así lo demostraran los abogados defensores, a quienes les negaron revisar el “expediente” que Elvis Amoroso dejó “armado”, a toda prisa para recibir de premio la presidencia del CNE, y “amurallado” luego por los funcionarios que en el alto tribunal defienden sólo a la revolución que los mantiene.
Fue grande el esfuerzo realizado en defensa de María Corina Machado. No se niega. Por el contrario, se aplaude. Es una ejemplar demostración de voluntad, coraje y firmeza de los abogados que llevan el caso, que aún no ha terminado, dejando claramente establecido que la sentencia del TSJ es un manifiesto retaliativo, una relación acomodaticia de elementos buscados al azar para engrosar un expediente que “justificase” la inhabilitación pues, sin tamaño impedimento, María Corina Machado sería la presidente de la república.
Había que impedirle la victoria, y ésa fue la decisión de la claque gobernante.
Todos los constitucionalistas, dentro y fuera de Venezuela, han sostenido lo írrito de la medida y coincidido en que no es más que una acción política, que pretende negarle sus derechos a la futura jefe de Estado.
Derechos políticos que, igualmente, se le están coartando a millones de venezolanos que, nadie lo duda, están decididos a recobrar para Venezuela la democracia como sistema de gobierno.
Porque en una democracia a nadie se les negaría, así de simple. Se respetaría la constitución y demás leyes. Habría progreso y desarrollo, paz y libertad.
La revisión de la sentencia, que podría solicitarse, por supuesto también será negada, por lo que sólo resta acudir a la justicia internacional.
Juicio largo, de paso. Por así saberlo, se explica entonces la casi cierta seguridad que tiene el totalitarismo de adelantar las presidenciales, pretendiendo el régimen ganarlas sin importarle cómo.
Definitivamente, quedaron al desnudo.
La inhabilitación de María Corina Machado evidencia que la desesperación siempre ha sido mala consejera. Lo peligroso, en todo caso, es que el oficialismo cree que de este modo mantendrá el poder. Olvidan razonar que, en su contra, están millones de venezolanos repudiándolo.
Entre esa gigantesca multitud de ciudadanos, desde el 22 de octubre, formando filas, aunque silenciosa, pero por dentro firmes en su decisión, crece la oposición interna; la que públicamente acude a las escuálidas concentraciones rojas y gritan consignas favorables al PSUV, pero que ya llevan en el corazón a María Corina Machado, la líder que también los hará libres.
ÁngelCiroGuerrero
