El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Freddy Ñáñez, cuestionó este martes la «solidaridad automática» de las organizaciones de la sociedad civil con la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el pasado viernes, al asegurar que con sus pronunciamientos pretenden «desconocer» las leyes del país.
En un mensaje en X, el funcionario acusó a organizaciones como Provea y Amnistía Internacional de estar «asociadas al Departamento de Estado» de los Estados Unidos por solidarizarse con «quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela».
«No deja de asombrar la descarada narrativa con la que pretenden desconocer las leyes de un país y la legitimidad de un Estado soberano. A estas alturas todo el mundo sabe que ustedes siempre han sido parte de la estrategia para aislar y sancionar a Venezuela», señaló el ministro.
Con su mensaje, compartió capturas de pantalla de pronunciamientos de varias organizaciones que se manifestaron en contra de la detención de la también abogada Rocío San Miguel y denunciaron su «desaparición forzada».
San Miguel fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el pasado viernes cuando intentaba embarcar un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, momento desde que su paradero es desconocido, según denunciaron sus abogados, quienes también alertaron sobre la «desaparición» de cinco de sus familiares y allegados.
«Presuntamente involucrados»
El fiscal general, Tarek William Saab, informó la noche de este lunes que San Miguel fue presentada ante el Tribunal segundo contra Terrorismo, junto a varios de sus familiares, también privados de libertad en las últimas horas, por estar «presuntamente involucrados» en una trama conspirativa contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, denominada ‘Brazalete Blanco’.
En un mensaje en su cuenta de X, el fiscal informó que la noche de este lunes se desarrolló la audiencia de presentación de San Miguel, de Alejandro José González Canales, expareja de la activista, y otros cuatro ciudadanos cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, los familiares que más temprano la defensa de la activista reportó como «desaparecidos».
Las cuatro personas señaladas por uno de los abogados de la defensora de derechos humanos son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda.
En la audiencia, el Ministerio Público (MP/Fiscalía) solicitó «medida de privación judicial preventiva de libertad» en contra de la activista «por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
Notiespartano/EFE
