Los países miembros del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, expresaron su apoyo al tribunal y condenaron las “inaceptables” amenazas rusas.
La Corte Penal Internacional (CPI) recibió el rechazo y la hostilidad de Rusia, que incluyó al fiscal jefe Karim Khan y a tres jueces de la institución en su lista de “personas buscadas” por ordenar el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, y de una comisaria de derechos infantiles.
Así, la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, que agrupa a los 123 países que reconocen la jurisdicción de la CPI, emitió un comunicado en el que “lamenta estos actos de intimidación y este intento inaceptable de socavar el mandato del CPI para investigar, sancionar y evitar la comisión de los delitos internacionales más graves”.
La Asamblea declaró su “firme apoyo” al tribunal, a sus cargos electos y a su personal, y reiteró su “plena confianza” en la CPI como “tribunal independiente e imparcial”. Asimismo, subrayó la importancia de “salvaguardar la integridad del tribunal, incluida su independencia judicial y fiscal”, que es “fundamental para el desempeño de su mandato”.
El Kremlin alega “inmunidad absoluta”
El Ministerio del Interior de Rusia anunció el viernes la inclusión del británico Khan, fiscal jefe de la CPI, y de los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godinez en su lista de personas en busca y captura.
Según el Gobierno ruso, estos funcionarios han actuado “sin fundamentos de responsabilidad penal” al acusar a Putin y a la comisaria para los derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, de facilitar la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso.
Rusia argumenta que los acusados gozan de “inmunidad absoluta” ante la jurisdicción de estados extranjeros, según la Convención para la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Además, recuerda que Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma y que no reconoce la autoridad de la CPI.
El Ministerio del Interior ruso acusa al fiscal jefe y a los jueces de haber adoptado una decisión ilegal, contraria al derecho internacional y destinada a “complicar las relaciones internacionales”. Esta decisión había sido anticipada por el presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Bastrikin, quien abrió un caso penal contra la cúpula de la CPI por considerar que sus acciones eran ilegales.
Una investigación basada en pruebas
La CPI emitió en marzo unas órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova por su presunta responsabilidad en el delito de “deportación infantil forzada” en el contexto del conflicto armado en Ucrania. La corte consideró que había “motivos razonables” para creer que Putin tenía responsabilidad penal individual por estos hechos, bien por su comisión directa o por haber sido incapaz de ejercer un control adecuado sobre sus subordinados.
El Kremlin ha negado reiteradamente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del CPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que la CPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos in absentia del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
Notiespartano
