El director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advirtió que no se entiende la razón por la cual la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de más de 80 emisoras de radio durante el año 2022.
En entrevista concedida a Radio Fe y Alegría, Correa explicó que solamente entre enero y septiembre del año pasado se ordenó el cierre de 85 estaciones radiofónicas; lo que a su juicio tiene que ver con un «reacomodo» de la estructura de propiedad de los medios de comunicación en el país que pasa por la disminución del número de emisoras.
Han cerrado 233 emisoras en 20 años
Indicó que al menos 233 emisoras han cerrado en Venezuela durante los últimos 20 años, especificando que el Estado es responsable de un 55% de los cierres entre 2017 y 2022; algunos con órdenes que van desde llamadas telefónicas u órdenes administrativas y funcionarios de varios cuerpos de seguridad.
Correa detalló que hay casos de las emisoras cerradas que pasaron a otros dueños, mientras que hay situaciones en que sencillamente «las bajaron». Hay un tercer grupo que está siendo analizado para certificarlas, pero advierte que no hay claridad en ese proceso.
Por ello, cree que hay «pases de factura» entre sectores afines al oficialismo y varias emisoras porque sus cierres, o se dan por ser «incómodas» para las autoridades locales o para dárselas a otros grupos.
La situación con las emisoras de radio resulta difícil porque no hay garantías, según el director ejecutivo de Espacio Público, para que puedan operar con normalidad debido a la falta de titularidad que desde Conatel no se le quiere dar a los dueños después de que instalaron la maquinaria necesaria.
«No es que ellos llegaron y montaron esas emisoras, que puede ser que haya casos así pero después Conatel le dijo que las apagaran», agregó.
A pesar que desde Espacio Público se acompañan a las emisoras que son víctimas del cierre, no se sabe a dónde van los equipos que decomisan.
“Los procesos demoran muchísimo tiempo y en el caso de que la persona resulte -que es poco probable- beneficiada por una sentencia o procedimiento administrativo, los equipos se pierden. No se sabe dónde están o los han canibalizado. Prácticamente los pierden”, afirmó Correa.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) realizó un balance sobre el estatus de la libertad de expresión en Venezuela durante el segundo semestre de 2022. Señaló que desde julio hasta el 14 de diciembre se constataron 244 violaciones a las libertades informativas en 174 casos registrados en todo el país.
De ese total, Ipys identificó 117 restricciones administrativas; 30 violaciones relacionadas con discursos estigmatizantes; 29 agresiones físicas o verbales; 27 restricciones de acceso a la información; 25 casos de hostigamiento judicial; ocho expedientes de censura y de restricciones por internet.
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