Luis Betancourt Montenegro, coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), afirmó que actualmente la minería ilegal se ha extendido a los siete municipios del estado Amazonas, a diferencia de 1989, cuando se concentraba únicamente en la cabecera del río Orinoco, desempeñada por garimpeiros provenientes de Brasil.
Esta expansión evidencia un crecimiento significativo de la actividad minera y del traslado de grupos relacionados con dicha actividad, según explicó.
Betancourt detalló que el Parque Nacional Yapacana, donde recientemente fueron desalojados más de 4.000 personas, es el área con mayor concentración de yacimientos mineros, albergando entre 15.000 y 20.000 personas dedicadas a actividades ilícitas.
Asimismo, señaló que también hay una presencia considerable de garimpeiros en las fuentes del río Orinoco, así como en los municipios Autana y en Atures, aunque en menor escala y con extracción de minerales distintos al oro.
Impacto de la minería ilegal
Betancourt advirtió que esta situación tiene un impacto social y en la salud de las comunidades indígenas relacionadas con los campamentos mineros.
“Estamos hablando de un aumento exponencial de la malaria en el estado Amazonas que, a su vez, se ha ido diseminando a otros estados del país; de enfermedades asociadas al mercurio, ya que los peces consumen este mercurio y posteriormente los seres humanos; de problemas neurológicos y renales, especialmente en mujeres en estado de gestación”, alertó.
Citando datos de la ONG SOS Orinoco indicó que entre diciembre de 2020 y octubre de 2022 se detectó, a través de imágenes satelitales, que 757 hectáreas han sido deforestadas solamente en el Parque Nacional Yacapana.
Por otro lado, destacó que aunque la mayoría de personas presentes en las minas son venezolanos, hay grupos que controlan el territorio, la actividad extractiva y poseen maquinaria que son originarios de Colombia.
Esto se debe en parte a la ubicación estratégica del Parque Nacional Yapacana, en la confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, que proporciona un acceso directo al Alto Orinoco y al brazo Casiquiare, conectándose con Brasil y Colombia.
No obstante, recordó que toda esta área está protegida, ya que casi el 50 % del estado Amazonas corresponde a la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, mientras que el Parque Nacional Yapacana alberga variedades biológicas que solo se encuentran allí.
Razones del desalojo
Según el coordinador de Griam, durante la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27 Egipto), el Gobierno se comprometió a cumplir una serie de obligaciones para proteger la Amazonía y mitigar los efectos del cambio climático. Por esta razón, se iniciaron las operaciones de desalojo.
“En menos de un mes, los nueve presidentes de los países amazónicos se reunirán en Belém do Pará, Brasil, para presentar los resultados de sus esfuerzos en la protección amazónica, tal como suscribieron en Egipto. Este es el epicentro de todos los esfuerzos para combatir la minería ilegal en el sur del país”, agregó.
En este sentido, aplaudió estas acciones como una organización ambiental comprometida con el tema, ya que han estado solicitando medidas similares durante más de 20 años.
Griam es una organización social y ambiental con sede en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, cuyo objetivo fundacional es la investigación, formación y promoción de la situación socio-ambiental de toda la región amazónica, especialmente desde la perspectiva de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades indígenas.
Desde su fundación en 2019, han realizado un seguimiento exhaustivo de todas las actividades extractivas en los territorios indígenas por parte de diferentes grupos vinculados a este negocio ilegal.
Notiespartano/RadioFeyAlegría
