Mas de 500 Maglares en Peligro en la Caracola de Porlamar.
Como legislador y defensor de las generaciones presentes y futuras, me veo obligado a elevar la voz frente a la barbarie ecológica que hoy amenaza la Laguna del Morro, en la Playa La Caracola de Porlamar, cuya denuncia la ha realizado el Profesor Morel Rodriguez ex gobernador del Estado Nueva Esparta.
No se trata solo de la pérdida de más de 500 ejemplares de manglar, según las denuncia; se trata de la destrucción de un sistema viviente cuya integridad sostiene la biodiversidad, protege la línea costera y alimenta una economía local sustentable.
Destruir manglares por intereses inmobiliarios es un atentado contra el bien común y contra las normas que rigen la conservación ambiental.
Los manglares no son terrenos baldíos: son barreras naturales ante la erosión y eventos climáticos, filtros biológicos que mejoran la calidad del agua y viveros esenciales para pesquerías locales. La Laguna del Morro alberga, además, poblaciones de aves —entre ellas flamencos— y fauna acuática que dependen de ese refugio. Esto significa la reducción inmediata de servicios ecosistémicos que las comunidades costeras han aprovechado por décadas.
El marco jurídico vigente impone obligaciones claras: evaluación de impacto ambiental previa, respeto a zonas de protección y consulta pública. La autorización de obras en espacios tan sensibles incumple no solo la letra de esas normas, sino también los compromisos internacionales que hemos asumido para mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad. Hablar de “desarrollo” en el siglo XXI obliga a hacerlo con visión de largo plazo: cualquier proyecto que degrade un ecosistema estratégico como la Laguna del Morro es un fracaso de la planificación pública y una traición al patrimonio natural de Nueva Esparta.
Es imprescindible, con urgencia, ordenar lo siguiente: suspensión inmediata de las obras, inventario técnico de los daños —incluyendo el recuento exacto de manglares afectados y la evaluación del impacto sobre aves y pesquerías—, reparación ecológica dirigida y la revocación de permisos otorgados. A la par, promover alternativas viables: la consolidación de la Laguna del Morro como área protegida o reserva local, la inversión en ecoturismo responsable —observación de aves, rutas de kayak, educación ambiental— y programas de restauración que permitan la regeneración de manglares afectados. Estas acciones no solo protegen la naturaleza; generan empleos sostenibles y diversifican la economía isleña.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y cumplimiento de la ley. Los margariteños merecen decidir el tipo de desarrollo que quieren: uno que capitalice su riqueza natural de manera responsable o uno que la agote por ganancias inmediatas. Desde la legislatura, debemos impulsar iniciativas que velen por sanciones proporcionales, mecanismos de reparación ambiental y presupuestos para conservación. No podemos permitir que más de 500 manglares sean reducidos a números en una denuncia; deben ser el punto de partida para una política pública coherente que priorice la vida, la ley y el futuro común.
Haremos la denuncia a la Comisión de Ecosocialismo de la AN en las próximas horas.
Dr. Rubén Limas
Diputado Principal a la Asamblea Nacional
Estado Nueva Esparta.
